El cambio climático a nivel planetario es hoy una alarmante realidad. La temperatura en la Tierra y en los océanos ha subido 0,85 °C promedio desde la época preindustrial, mientras que la acidez de los mares lo ha hecho en 26%. Año a año (y recientemente, mes a mes) escuchamos de nuevas temperaturas récord en distintos lugares del mundo, mientras el Ártico se derrite más rápidamente que lo previsto y en la Antártica se desprenden grandes extensiones de hielo a una tasa no vista antes. Eventos extremos, como sequías prolongadas e inundaciones, se hacen cada vez más frecuentes, exacerbando los riesgos que enfrentan los países y las personas y alterando los mapas epidemiológicos. Esto tiene un costo económico crecientemente significativo.

Según un estudio de la OCDE de 2015, las pérdidas económicas debido a desastres climatológicos, meteorológicos e hidrológicos han aumentado desde cerca de 20 billones de dólares en 1980 hasta cifras que han superado los US$ 250 billones en años recientes. Los costos del cambio climático a nivel global podrían alcanzar entre 2% y 10% del PIB mundial anual hacia 2060, si es que no se toman las políticas adecuadas tanto de mitigación como de adaptación, y entre 1% y 3% del PIB anual si es que se adoptan desde ahora dichas políticas.

Chile no escapa a esta realidad. La sequía que afecta a la zona central por casi 10 años es una muestra, así como lo son los virulentos incendios forestales en verano y el aumento en la frecuencia de aluviones en el norte. Adicionalmente, nuestro país ha sido señalado como uno de los más afectados del mundo por el cambio climático en cuanto a la escasez hídrica. Y ello ocurre en un contexto donde el aporte chileno a la emisión de CO{-2}, principal agente sospechoso de causar el cambio climático, no alcanza 1% del total. Este desbalance señala a las claras que las políticas públicas en Chile debieran privilegiar adaptación antes que mitigación, si es que hay que escoger, aunque ciertamente el país no puede sustraerse al esfuerzo colectivo global de disminuir las emisiones de CO{-2}.

¿Y qué estamos haciendo en cuanto a adaptación al cambio climático? En 2015 la OCDE no nos puso buena nota en comparación a la mayoría de los países desarrollados. Puede que haya sido porque recién en diciembre de 2014 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) —el que contemplaba una serie de planes sectoriales— para un horizonte de cinco años. Muchas de las metas que se propuso el PNACC giraban en torno a la elaboración de estudios para determinar vulnerabilidades y construir indicadores que permitieran un adecuado monitoreo y evaluación. Incluía, además, una institucionalidad para la propia construcción del PNACC y su seguimiento, la que contemplaba la dirección por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y, como órgano coordinador/ejecutor, al Ministerio del Medio Ambiente.

Como una manera de acentuar la importancia que debe tener el cambio climático en las políticas públicas, el actual Gobierno está impulsando un proyecto de ley que establece un marco jurídico a la forma en que el Estado enfrenta el cambio climático. Aunque su aspecto más llamativo es la incorporación de la meta de carbono neutralidad para 2050 en la ley como uno de los principios ordenadores de la política, el proyecto consagra también una institucionalidad del cambio climático similar a la establecida en el PNACC y estipula herramientas de gestión, la incorporación del cambio climático en otras políticas, el financiamiento y uso de instrumentos económicos y los sistemas de información para el monitoreo y evaluación. Los planes sectoriales del PNACC caben dentro de este nuevo marco jurídico. Ahora habrá entidades públicas responsables legalmente de que se cumplan.

La adaptación al cambio climático debe ser central en la agenda política de cualquier gobierno. No se puede argumentar más que este es un tema de largo plazo que trasciende un período presidencial de cuatro años y que, por tanto, es pasado a llevar por urgencias de corto plazo. Ello, simplemente porque muchas de estas urgencias están hoy vinculadas a un cambio climático que ya está con nosotros. El proyecto de ley recoge sin duda esta visión. Creo que es importante que se apruebe pronto.

Felipe Morandé
Embajador de Chile ante la OCDE