La reforma agraria de Jorge Alessandri, un Presidente de derecha, abrió las puertas. Tras acusarla de “reforma de macetero” vendría Frei Montalva, el Kerensky chileno como lo apodó un agudo observador brasileño, y barrió con el derecho de propiedad en nuestro país. Con Allende casi toda la derecha votaría por estatizar el cobre, confirmando la ruptura de la institución que Andrés Bello considerara una piedra angular del orden civilizado. Pero fue la misma derecha la que, al ceder el principio de que la propiedad debe ser, en palabras de John Adams, “sagrada como las leyes de Dios” si se quiere evitar “el caos y la tiranía", la que legitimó lo que bien podría llamarse “el robo del siglo” en Chile. La DC, por supuesto, fiel al espíritu colectivista antimercado que la inspiró desde sus orígenes, siempre pactó con el marxismo y avaló sus postulados.

La historia no se repite, pero rima. En su primer gobierno, Sebastián Piñera aprobó una reforma tributaria que no se requería, subiendo los impuestos a las empresas. Tal como le ocurrió a Alessandri, a él le dijeron que la suya era una “reforma de alcancía”. Y entonces llegó Bachelet e hizo una de verdad, dejando a Chile con niveles de impuesto corporativo por sobre el promedio de la OCDE. Pero fue la centroderecha la que transó el principio que debiera inspirar a toda centroderecha liberal, a saber, que los impuestos no se suben. Y con ello validó ideológica y políticamente la posición de la izquierda.

Nada de esto, por cierto, ha servido para extraer lección alguna. Hoy, el mismo gobierno, para darle el gusto a la DC y anotarse un frívolo triunfo político, contempla la posibilidad de transar todos los principios involucrados en el debate de pensiones. Por eso sorprende la ingenuidad de tantos expertos y economistas a la hora de entender lo que realmente está en juego en esta reforma. Olvidan que el sistema de pensiones de capitalización individual no es una tecnología meramente práctica para generar determinados resultados, sino ante todo un modelo filosófico y valórico que busca resolver un problema específico de acuerdo a una forma compatible con el ideal de sociedad que lo inspira.

En primer lugar, el sistema actual buscó despolitizar las pensiones al quitarlas de las manos irresponsables de burócratas y políticos, dejándolas al margen de la repartija que enfrenta a diversos grupos de interés en cada elección. Con ello contribuyó decisivamente a la paz social en nuestro país.

En segundo lugar, consagró la idea de responsabilidad individual al dejar claramente establecido que la pensión termina siendo el resultado del ahorro de cada persona y no de la “generosidad” que políticos hacen con el dinero ajeno para ganar elecciones.

En tercer lugar, las AFP son la mejor evidencia en contra de la idea del Estado empresario que tan desastroso ha resultado en nuestra historia y en la de todos los países de la región —sino del mundo. Que los privados puedan resolver problemas públicos de mejor manera que los burócratas es algo intolerable para la izquierda que ve en el Estado una figura cuasi divina de la cual todo debería depender, por ser la encarnación máxima de la voluntad popular.

En cuarto lugar, el sistema privado de pensiones vela por la justicia intergeneracional poniendo fin al reparto, que no es más que un fraude mediante el cual una generación se gasta la riqueza de otra para dejarla con una carga insostenible cuando esta ya ha desaparecido.

Por último, un esquema privado de seguridad social solidifica a nivel de la ciudadanía la institución de la propiedad privada, pues son los trabajadores los dueños del dinero ahorrado, lo que a su vez les da propiedad sobre empresas, infraestructura y otras inversiones que sustentan el sistema económico de mercado en general.

Pues bien, todos esos principios son pulverizados con la propuesta de reforma actual a las pensiones. Que el Estado administre el 4% es una idea técnicamente absurda, pero ideológicamente revolucionaria. ¿Por qué cree el Gobierno que parte de la oposición la valida? De aprobarse en un gobierno de derecha con votos de derecha, sería un triunfo irreversible para el Estado empresario que quiere volver a imponer la izquierda en nuestro país, una vez más, liderada por la DC.

El hecho de que los cotizantes no puedan elegir si su dinero va al “ente” fulmina, a la vez, la idea de que tienen un derecho de propiedad real sobre ese dinero y el principio de responsabilidad individual que de él se deriva al quedar entregados por completo a la discreción estatal. Al mismo tiempo, la estructura de camisa de fuerza del famoso “ente” implica una repolitización inevitable de las pensiones, pues, especialmente en un país que envejece y con una clase política que no quiere decir la verdad a la gente —que debemos jubilarnos más viejos—, en cada elección habrá nuevas ideas sobre cómo ser más “solidarios” con la plata que este administra. Por esa vía se destruirá el principio de justicia intergeneracional que garantiza el actual modelo de pensiones y regresaremos a un reparto parcial o, en el peor escenario, total.

Nadie puede creer en su sano juicio que si se entrega un 4% adicional a un ente estatal bajo un eslogan puramente ideológico y populista como “ningún peso más a las AFP,” los mismos demagogos que repiten ese eslogan no van a querer que el día de mañana ese 4% sea un 6% o más, y que no sea destinado parcial o totalmente a un esquema confiscatorio que tramposamente llamarán “solidario.” ¿Tan ingenuos —o tontos— son nuestros políticos de derecha como para no ver algo tan obvio? Así las cosas, el gobierno y toda la centro derecha deberían plantearse intransables en la idea de que el 4% debe ser administrado por las AFP y que no habrá un ente estatal de ningún tipo. De lo contrario, con una sola reforma, habrán hecho al país un mayor daño potencial que el que le hicieron todas las reformas de la Nueva Mayoría. No sería la primera vez en la historia de la derecha chilena.