Llegar a Lima en un día cualquiera es una fiesta del tránsito. Autos, motos, micros, camiones, “tuc tucs” y “combis” atestadas de sufridos limeños se entrecruzan delante del “carro” en un trayecto que demora más de una hora entre el aeropuerto, en Callao, y un barrio como Miraflores o San Isidro. En estos días de los Juegos Panamericanos el caos automovilístico —con bocinazos, tacos, encerronas y ambulantes entre medio— ha aumentado. Aunque no para los atletas, que tienen vía libre y pistas exclusivas gracias a la recién estrenada restricción vehicular.

La competencia deportiva puso por un par de días en segundo plano las tensiones políticas desatadas por los escándalos de corrupción que tienen a dos expresidentes y a la líder del fujimorismo en la cárcel, y a uno, Alejandro Toledo, preso en EE.UU. esperando el juicio de extradición. Lo de Toledo, capturado con 40 mil dólares en billetes en su casa de California, es un capítulo negro de la telenovela iniciada con las revelaciones de ejecutivos de Odebrecht sobre millonarias coimas repartidas por toda América Latina. Pero sin duda menos dramático que el que protagonizó Alan García, en abril, cuando prefirió atentar contra su vida que ser arrestado.

Estos trágicos episodios han abierto la oportunidad de que la política en Perú se estabilice, se haga más transparente y los políticos más responsables ante la ciudadanía. Al asumir en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra emprendió reformas para normalizar la situación. Viendo las dificultades para hacerlo, dio un giro y anunció ayer el adelanto de las elecciones generales. O sea, acorta su mandato y el de los congresistas en un año. Para ello, mandará una reforma constitucional que pondrá a prueba su fortaleza política.

La semana pasada, el Congreso había aprobado a regañadientes las dos últimas leyes de un paquete de seis, que incluían inscripción de los partidos, cambios en su financiamiento y elecciones internas; la incorporación del 40 por ciento de mujeres en las listas legislativas; impedimentos para ejercer cargos públicos, y sobre la inmunidad parlamentaria, que da atribuciones a la Corte Suprema. Con esto, se intentaba evitar otros casos como los de Odebrecht, pero los cambios hechos al tema de los juicios a parlamentarios molestaron a Vizcarra.

Si para pasar esas leyes, dado que los fujimoristas tienen la mayoría, la discusión fue acalorada, la nueva iniciativa, que incluye un referéndum, probablemente lo será aún más. Con una popularidad en baja, pero todavía en torno al 44%, y con una situación económica estable en Perú, creciendo al 3,5%, Vizcarra apuesta a ordenar el confuso panorama político.

Los partidos tradicionales, con excepción de Acción Popular, están teñidos con la corrupción, lo mismo que el fujimorismo, y no se ven claras alternativas para el futuro. Si se aprueba la propuesta de Vizcarra, comenzará una dura competencia entre quienes creen que están bien posicionados. Pero en Perú, como en los Panamericanos, nunca se puede pronosticar un resultado con certeza.