En momentos en que las proyecciones de crecimiento siguen ajustándose a la baja, es conveniente analizar los efectos de generar altas expectativas, con el fin de no cometer los mismos errores y cifrar demasiadas esperanzas en la aprobación de ciertas medidas, como la reintegración del sistema tributario y el alcance de los acuerdos factibles.

El Gobierno planteó que el simple cambio de mano de la Nueva Mayoría a Chile Vamos significaría tiempos mejores, con una economía más dinámica, con mayor inversión y más y mejores empleos. Lamentablemente, la economía está lenta y esto se ha reflejado en las encuestas.

El Gobierno ahora levanta la idea que la reintegración del sistema tributario representa la gran esperanza para nuestra economía. El presidente de la CPC ha ido más allá. Plantea que el panorama económico cambiaría radicalmente si el Congreso aprueba pronto la reintegración, y que esta medida equivale, en términos de impulso a la inversión, a bajar de 27% a 22% la tasa de primera categoría o corporativa.

Si esa modificación nos deparara un futuro tan auspicioso, la tramitación del proyecto sería más expedita. Pero estimular la economía es un asunto bastante más complejo. Una cosa es que a un sector del empresariado le entusiasme volver a un sistema tributario que le da mayores regalías, pero esto no es sinónimo de mayor crecimiento. Varios economistas hemos planteado que la reintegración es una herramienta que no tiene un efecto significativo en nuestra economía. Es más claro el impacto que tiene en la recaudación fiscal: cerca de 1.000 millones de dólares anuales menos. Esto significa menos recursos para programas sociales, que no serían compensados por los sectores a los que beneficia. Por eso decimos que se trata de una medida regresiva. Después de 11 meses sin un avance claro, esta reforma hoy genera más incertidumbre que certeza, y con ello no favorece el crecimiento.

Pero esta no es la única reforma estructural hoy en discusión. El Gobierno ha levantado la expectativa de que también se puede avanzar en todas las otras reformas estructurales que ha mandado al Congreso: salud, pensiones, laboral, cambios institucionales, etc. Muchas de ellas son necesarias, pero no hay claridad de que se pueda avanzar en su tramitación. El Gobierno plantea que estos cambios se pueden lograr sellando acuerdos. No es prudente levantar expectativas desmesuradas sobre lo que se puede alcanzar hoy con acuerdos tal como los conocimos en los años 90. Si estos no pasan, el resultado es una serie de reformas estructurales abiertas, con la consiguiente incertidumbre que estas provocan para la economía.

No podemos obviar que el país ha cambiado, al igual que su sistema político y los problemas que requieren solución. No creo que las posturas hoy sean más extremas que en el pasado, sino creo que hoy tenemos más dificultades para sellar cualquier acuerdo. En el regreso a la democracia, teníamos actores con un gran capital político. Contaban con la confianza de la ciudadanía. Uno sabía quién firmaba y en representación de quién lo hacía. Hoy no disponemos de este capital político. ¿Quién firma los acuerdos? ¿A cuántos y a quiénes representan? Cuesta identificar a alguien que pueda firmar en representación de una parte importante de la ciudadanía. ¿Quién puede asumir esa responsabilidad por políticas que no solo tienen luces, sino también sombras? Actualmente toda conversación entre dos actores de frentes distintos despierta desconfianza. ¿Qué están planeando? ¿Qué beneficios se están repartiendo? Por desgracia, nuestro actuar hace que estas dudas de la ciudadanía no sean totalmente antojadizas. Hoy, este camino es mucho más difícil y los acuerdos tendrán alcances menores. Debemos ser realistas y aceptar este punto.

No tengo una bala de plata, pero no creo que insistir en conversaciones a goteo ayude. Tampoco insistir en muchas reformas estructurales y complejas. Menos si algunas de ellas buscan revertir políticas recién discutidas, sin un análisis claro de sus efectos y de los puntos a perfeccionar. Un tema contamina al otro y hace más difícil avanzar “en la medida de lo posible”. No contribuye tildar cualquier acercamiento y conversación de “mala cocina” o de falta de transparencia. Menos aporta llegar a una discusión donde existen dudas razonables respecto de los costos o beneficios fiscales que se generan con los cambios.

Es tiempo de moderar nuestras expectativas. No todo es negro, hemos tenido avances, sin tantas luces. El Estatuto Laboral para Jóvenes y el cambio a la forma en que se realizan las compras de las Fuerzas Armadas así lo demuestra. ¿Cuál fue la diferencia? Quizás ahí esté el camino.

Alejandro Micco A.
Profesor FEN
U. de Chile