La situación no puede ser peor: el Instituto Nacional ha estado en llamas, literalmente, y el resto de la educación pública ha permanecido en paro, desde hace ya un mes. Pero, en el medio de esa crisis, se percibe que hay unos grandes ausentes: los padres, las madres, los apoderados de esos miles de jóvenes y niños sin clases.

¿Quiénes son esos adultos? ¿Por qué no se involucran decisivamente?

Se supone —así lo establece el ordenamiento constitucional— que los padres y madres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Se supone —así lo pide la naturaleza humana de modo incontrastable— que no hace falta que lo diga la Constitución para que los progenitores asuman esa tarea, que es la inmediatamente consiguiente a su causalidad física: engendrar y educar son un continuo indisoluble.

Pero ahí está la realidad, y la realidad es que en el centro del conflicto no participan decisivamente ni los padres ni las madres, que todo pasa a su lado, aunque el drama cruza por el medio de sus familias y daña a sus hijos, quizás irreversiblemente; pero de ellos no se sabe… casi nada.

Múltiples razones explican esa ausencia.

Ciertamente, en la educación pública están muchas de las familias con menos estructura; son las más afectadas por la disolución de la célula fundamental, aquel ambiente donde la vida se gesta y consolida, y que con persistencia ha sido destrozado por todos los que hablan de libertad sin pensar en las consecuencias de su mal uso. ¡Qué poco puede reprochárseles su debilidad a esos cientos de miles de hombres y mujeres, a los que sistemáticamente se les ha dicho que no se casen, que si se casan no hay problema en que se divorcien, y que, para prevenir sufrimientos, ojalá solo tengan un hijo!

Además, en el medio de esa enorme masa de personas con notables carencias, qué duda cabe que existe, eso sí, un pequeño grupo de padres y madres altamente ideologizados. De aquellos muchachos de los 80 que se las dieron de héroes, hoy, a sus 50 años, algunos pocos persisten en sus afanes de trasnochada revolución. Los transmiten a sus hijos, apoyan las acciones vandálicas de unas minorías y miran a los profesores en paro como correligionarios de aquellas causas llenas de nostalgia. Basta con una docena de activistas de ese talante para armar la grande en cada liceo.

A lo anterior, se suma que no ha habido continuidad entre la política comunicacional que desplegó adecuadamente la ministra Cubillos respecto de la Admisión Justa y esta situación de Paro Letal. Ciertamente, se ha echado de menos un mayor contacto del Ministerio de Educación con los grupos de padres y madres atribulados por la dramática situación de sus hijos. Ha faltado esa presencia visible, esa alianza real entre los primeros educadores y la autoridad educacional. Por ahora, pareciera que solo los profesores son interlocutores válidos. Algo pudo hacerse mucho mejor en esa dimensión.

Llama también la atención la carencia de iniciativas en las fundaciones y confesiones religiosas para articular a los padres en la defensa de sus hijos. Todo lo que se organizó en la educación particular subvencionada a fines de Bachelet II, para coordinar la legítima oposición a las pésimas iniciativas de ese gobierno, no ha sido replicado en esta oportunidad. ¿Se confía en que el ministerio podrá solucionar el conflicto solo? ¿Se cree que no es un problema de los padres, de las familias?

Por supuesto, cabe también la posibilidad de que simplemente la mayoría de los padres no entienda lo importante que sería su participación en el conflicto, que estén esperando que se arreglen las partes “verdaderamente interesadas”.

Esta sería la peor de las razones para explicar su ausencia.