El acervo de bienes heredados que una comunidad estima como digno de protección, conservación, desarrollo y difusión forma el patrimonio cultural de una nación. No se trata de un conjunto de antigüedades que se guardan quedamente en un arca y se exhiben de vez en cuando, sino de una entidad dinámica y viva que nutre nuestro presente, se vincula poderosamente con cada comunidad, la cohesiona y sirve para dotar de identidad, continuidad y sentido al fluido permanente en que consiste.

El Estado tiene una responsabilidad principal para evitar que ese patrimonio se deteriore, momifique, enclaustre y pierda su nexo vital con el pueblo que es su legítimo dueño. Por desgracia, Chile mantiene una legislación que data de 1970 (basada, a su vez, en un decreto de 1925), la cual desde hace ya décadas clama por una reforma que la ponga al día con la visión, los instrumentos, estándares y recursos contemporáneos que en el plano nacional e internacional se manejan en esta materia.

La institucionalidad que se echó a andar con la creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio prevé y necesita de este complemento. El Gobierno hace un par de semanas ingresó un proyecto de ley que aborda este cambio institucional largamente esperado. Ese proyecto contiene algunas ideas matrices consensuadas: redefine el concepto de “patrimonio”, ampliándolo y liberándolo de su reducción a “lo monumental”; crea incentivos y compensaciones para las personas que disponen de bienes declarados con valor patrimonial, cuya declaración hasta ahora constituye una mera carga y restricción para su propiedad; adecua a los criterios contemporáneos los procedimientos de declaración —que se hacen más participativos— y los tipos de protección jurídica al patrimonio cultural, y modifica el sistema de sanciones y acrecienta los recursos necesarios para que esta institucionalidad se aplique de modo efectivo.

Le toca ahora al Congreso analizar, discutir y aprobar el proyecto, para lo cual debe tomarse el tiempo apropiado a la importancia de la materia, aunque no debería considerarlo como una prioridad legislativa menor y dejarlo dormido en una interminable lista de espera.

Solo en una visión obsoleta del patrimonio puede seguir sosteniéndose que Chile, comparativamente, es un país con menor riqueza patrimonial que otros países. Ello es cierto en la medida que seamos incapaces como comunidad de valorar lo que tenemos, protegerlo y difundirlo adecuadamente. La pobreza patrimonial depende de la pobreza de nuestra mirada y la desprolijidad de nuestras acciones comunes, del desdén hacia lo propio y el encandilamiento ante lo foráneo. La legislación que se propone constituye un nítido progreso institucional en el camino hacia preservar nuestra comunidad del reduccionismo económico y material, y experimentarla, en cambio, como entidad histórica y cultural común.