La Universidad de Chile, liderada por su rector y en representación de sus estudiantes y funcionarios, ha presentado una demanda contra la empresa inmobiliaria responsable de las construcciones que se levantan en una manzana del barrio Bellavista, incluidas una sede universitaria privada y varias torres de vivienda. La demanda es patrocinada por las autoridades de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, cuya histórica sede, además de monumento nacional, es un hito clave del paisaje urbano que resulta, junto con el barrio, directamente perjudicado por las obras ilegales de la inmobiliaria, según los argumentos de la demanda. La Universidad de Chile solicita que se anulen los permisos otorgados por la Municipalidad de Recoleta al llamado “Conjunto Armónico Bellavista”, que permitieron aprobar torres de 19 pisos donde solo se podían de 9, entre otras irregularidades. Dos de las tres torres proyectadas ya están construidas y una de ellas está habitada, por lo tanto inmune a cualquier acción legal; pero se exige la demolición parcial de aquella que permanece deshabitada producto del largo litigio que mantiene la propia municipalidad con la inmobiliaria por similares razones que la Universidad de Chile.

Esta última argumenta que los permisos fueron otorgados transgrediendo normas urbanísticas, ambientales, viales y de conservación patrimonial, entre otras, y que dichas infracciones han sido confirmadas por la Contraloría General de la República. El Director de Obras Municipales que autorizó estos permisos fue condenado en 2013 por diversos delitos de cohecho y falsificación, uno de ellos relativo a este mismo proyecto, mientras que otros funcionarios involucrados en este caso fueron destituidos por la Contraloría. Una de las mayores irregularidades de este proyecto fue la construcción de un enorme estacionamiento subterráneo privado, cuya rampa de acceso, resquicio abusivo mediante, fue ubicada en medio de una vereda, que es un bien nacional de uso público.

Es este un caso increíble, ilustrativo de las malas prácticas en que a veces pueden incurrir algunos empresarios coludidos con ciertos funcionarios municipales, confiados en la “certeza jurídica” de los hechos consumados para multiplicar sus ganancias, y de la escasa autocrítica, mucho menos sanción ética, que logra el gremio de la construcción respecto de aquellos asociados que se ven involucrados en verdaderos escándalos. Por otra parte, resulta profundamente reconfortante y esperanzador que sea el propio rector de la venerable universidad pública quien manifiesta la preocupación, la energía y la convicción necesarias para defender el bien común y exigir el irrenunciable apego al espíritu de las leyes del país.