La libertad, siempre la libertad, en el centro de nuestras disputas públicas.

Está bien, debe ser así, no nos quejemos: es lo que nos distingue de todos los otros seres, digan lo que digan los ecologistas profundos y los animalistas radicales.

Esta vez, la discusión se ha planteado después de que en la Cuenta Pública el Presidente Piñera sostuviera que los afiliados podrán ejercer su libertad para elegir dónde se administrará el 4% de su cotización previsional adicional.

Y, entonces, como si se hubiera afirmado que entrábamos en toque de queda indefinido, como si se hubiese abolido de un plumazo todo el artículo 19 de la Constitución, saltan desde la oposición las voces que alegan contra esa afirmación, y que, en el fondo, claman contra la libertad.

Vaya uno a saber cómo fueron exactamente los términos del acuerdo en esta materia entre el Gobierno y los falangistas, pero con independencia de sus letras grandes y chicas, ¿alguien puede dudar de que en esta cuestión está en juego, una vez más, el sentido y alcance de la libertad humana?

El sentido, porque o la libertad es una facultad humana intangible, o es un dispositivo semántico manipulable por los políticos. Si es lo primero, es decir, si nos constituye vitalmente, cada mutilación de nuestra auténtica libertad es una deshumanización. En este caso, se trataría de una privación del dominio de la billetera; en tantos otros —y por la influencia del socialismo— ha sido un intento por controlar, por ejemplo, hasta los afanes por darle culto a Dios; en fin, de cualquier forma, en cualquier plano, una privación de la auténtica libertad es una degradación de la persona.

Pero, hemos dicho, de la “auténtica libertad”. Y eso nos lleva al problema de su alcance.

Porque algunos de los que hoy se la quieren negar a la billetera no tienen reparos en expandirla para, por ejemplo, asociarla a la administración del propio cuerpo, a través del aborto o de la eutanasia. Vaya paradoja: quieren que sea legítimo determinar el destino de una vida humana, la propia u otra, pero pretenden privar a esa misma persona del derecho a disponer de una forma específica de una pequeña fracción de sus bienes materiales.

Por supuesto que se puede argumentar que al frente, en la postura contraria, en la de quienes sostenemos que el alcance de la libertad está medido por la dignidad humana, también se encuentran restricciones y limitaciones a la libertad, por lo que no habría derecho alguno a criticar.

¿Correcto? ¿Hay simetría? No, de ninguna manera.

La posición socialista-liberal —y en esto, como en tantas cosas, los democristianos están ahí— desarma el núcleo y pretende controlar la periferia: haga lo que quiera con lo más profundo de su vida, y nosotros —el Estado—, más temprano que tarde, nos haremos cargo de usted. O, dicho de modo más concreto, los socialistas-liberales saben que desarmando al ser humano en lo más íntimo, esa deshumanización lo hará fácil presa del Estado.

Por el contrario, al frente, en la postura conservadora, se intenta fortalecer el núcleo y dejar a la libre disposición la periferia. Desde el conservadurismo, en efecto, se promueve el incómodo ejercicio de una libertad marcada por los límites de la propia naturaleza humana, convencidos de que solo así tiene sentido reconocerle amplias libertades a la billetera. Si quiere, haga usted esto o lo otro, por ejemplo, con su cuerpo; pero es importante que sepa que hay cosas que lo van a dañar: se lo advertimos.

Volvamos a terreno. Cuando el Gobierno aclara que el 4% de cotización adicional será administrado por un ente estatal, pero que se espera ofrecer opciones al afiliado, por ejemplo, entre diversos fondos, ¿en qué posición verdaderamente está?