La intoxicación de una familia de turistas brasileños en un departamento de arriendo temporal es solo la macabra punta de un iceberg enorme y complejo que se esconde detrás de los hospedajes clandestinos. La falta de regulación se ofrece como una tentadora regalía para el negocio, evadiéndose patentes, permisos sanitarios, usos de suelo, impuestos y prácticamente todos los requisitos que la industria hotelera establecida debe salvar con altos costos. Esta conveniente anarquía genera el problema mayor asociado a este fenómeno global: una escala capaz de impactar en las dinámicas urbanas.

Disfrazadas detrás del eslogan de la economía colaborativa, las propiedades ofrecidas en las plataformas de arriendos temporales comienzan a transformarse en un modelo de inversión y a concentrarse en manos de operadores que pueden controlar decenas o si no cientos de unidades. Ya no se trata solo de pequeños emprendedores que abren su casa a los turistas, sino que también de inversionistas que operan como agencias hoteleras encubiertas. Algunas esquirlas del turismo –la basura asociada a las compras, los horarios desordenados, la rotación constante– impactan directamente en los vecinos inmediatos, que pueden ver cómo en sus edificios se propaga una metástasis peor que la de las oficinas ilegales.

Hablamos de decenas de miles de propiedades concentradas en sectores específicos. La rentabilidad del arriendo temporal impacta en el valor del suelo, expulsando a los arrendatarios de largo plazo. En otras palabras, se provoca la permuta de residentes por una descontrolada población flotante. Disminuyen así las unidades pequeñas, bien ubicadas y de uso residencial disponibles, atentando directamente esto contra el derecho a la ciudad de la clase media. Cuando el suelo se ve comprometido, los intereses y las consecuencias son tan inconmensurables que de poco sirve un boicot ciudadano; menos aún cuando este modelo perverso tiene de rehenes las necesidades de emprendimiento y la búsqueda de una mejor oferta turística. Si los gobiernos nacionales y locales no deciden controlar a tiempo esta forma de evasión y contrabando, terminaremos todos expulsados a la periferia.