Las proyecciones de crecimiento para este y el próximo año se han ajustado a la baja, confirmando que la economía vive una realidad más compleja que la implícita en la mayoría de los diagnósticos formulados de manera recurrente en los últimos años. Por una parte, los factores que impulsaron el crecimiento acelerado en los 90 han experimentado los efectos de la ley de los rendimientos decrecientes; por la otra, una serie de cambios tecnológicos y sociales está tensionando el funcionamiento de los mercados y está generando cambios radicales en el mundo del trabajo.

Hay abundantes datos que ilustran el efecto de los rendimientos decrecientes de los activos vinculados a los recursos naturales. Por ejemplo, entre 1985 y 2005 el crecimiento anual de la producción de cobre fue cercano a un 10%, mientras que desde ese último año ha sido menor al 1%. También es ilustrativo que el desembarque total de los productos del mar creció en un 8% anual entre 1970 y mediados de los 90, cuando alcanzó su nivel más alto. Desde entonces ha disminuido sistemáticamente. A su vez, la superficie anual forestada y reforestada creció en un 5% promedio entre 1980 y mediados de los 90, y ha disminuido en promedio en un 1% anual hasta ahora.

Por otra parte, vivimos una serie de disrupciones tecnológicas, especialmente en los mercados de servicios, y crecientes tensiones en el mundo del trabajo. Hay más de 500 mil adultos-jóvenes que no estudian ni trabajan, el desempleo en los jóvenes en más del doble que el promedio nacional y más de la mitad de los que trabajan lo hacen en un área que no está relacionada con los estudios que tienen. Aun así, nuestra situación es mejor que la de la mayoría de los países de América Latina, por lo que se ha producido un flujo migratorio que está lejos de detenerse y que tendrá efectos económicos y sociales profundos a futuro.

Durante el superciclo del cobre vivimos un paréntesis, porque la rentabilidad de la minería llegó a un 60%, generando una avalancha de proyectos de inversión y un aumento significativo en la demanda de trabajo formal. Ese período llegó a su fin a mediados de 2013 y desde entonces las restricciones estructurales y las megatendencias tecnológicas volvieron a emerger con fuerza.

En consecuencia, lo que está a prueba en Chile es la capacidad de la economía y de la sociedad para adaptarse a una nueva realidad, donde la viabilidad de convertirnos en un país desarrollado depende de la forma en que resolvamos este desafío. En este escenario, el principal riesgo que enfrentamos hoy está dado por la visión de corto plazo de las políticas vigentes, que suponen erróneamente que lo que vivimos es un problema de expectativas, desviando la atención de las necesarias soluciones de fondo.

El gobierno confía en que las empresas y los mercados tienen la capacidad para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento, para lo cual ha dispuesto la agilización de trámites, la reforma tributaria y la flexibilidad en las jornadas de trabajo. La experiencia de países que han alcanzado el desarrollo con una estructura productiva similar a la nuestra, indica que el aporte del mercado es insuficiente y que incluso la acción del Estado es incapaz de resolver de manera sostenida las restricciones que enfrentamos.

El camino que debemos recorrer necesita de la construcción de nuevos activos en la economía, especialmente la incorporación de conocimiento en las actividades productivas existentes, lo que requiere de la acción coordinada entre los diversos actores, que en definitiva es el atributo decisivo en la sociedad actual. En eso estamos al debe. Estos nuevos activos permiten que las actividades productivas que existen en el país tengan una mayor competitividad en los mercados internacionales, lo que genera empleabilidad para las personas, proyectos rentables para las empresas y los emprendedores, mejores remuneraciones para los trabajadores y ganancias de productividad. En definitiva, permite dar un impulso adicional al crecimiento tendencial y volver a la senda que nos acerca al desarrollo.

El conocimiento con impacto en las actividades productivas tiene algunas características que es necesario establecer. Primero, es contextual porque necesita estar vinculado a la realidad geográfica, productiva y cultural de los territorios en los cuales se aplica. Aprovecha los avances en las tecnologías de propósito general, pero vinculando estos desarrollos a la realidad local. Solo de esta manera se logra un efecto sostenido en la empleabilidad y que su retorno permanezca en el país.

Segundo, se trata de un activo que requiere de una gobernanza diferente a la que tienen las políticas públicas verticales, porque ningún actor por sí solo puede generarlo. Conducir el trabajo colectivo, la participación y la coordinación efectiva son atributos difíciles de lograr en un país que tiene un elevado nivel de desconfianza interpersonal y en las instituciones.

Tercero, el descubrimiento de los conocimientos relevantes es un proceso colectivo en el que participan actores del mundo de las universidades, de las empresas, del Gobierno y de la sociedad civil. Para tener éxito, cada uno de estos sectores debe cambiar su estilo de trabajo aislado.

En síntesis, en las circunstancias actuales la mejor política de crecimiento es crear ambientes en los cuales se pueda generar nuevo conocimiento para las actividades productivas, lo que debe replicarse en tantos lugares como sea posible, incorporando a todos los actores relevantes. Este camino tiende a generar resistencia en el nivel central del Gobierno y en los actores que están acostumbrados a trabajar por su cuenta, pero tiene amplia acogida en los territorios, que constituyen la mayoría del país.

Jorge Marshall
Economista y Ph. D. Harvard