Las dificultades para reavivar el crecimiento económico de manera sostenible parecen ser mayores que lo anticipado. Las trabas que enfrenta la inversión —tanto por señales de precios como por burocracia— representan un costo en recursos, tiempo e incertidumbre, que silenciosamente amenaza con mantenernos raspando el 4.

Aunque la discusión tributaria acapara los titulares y enciende los ánimos, es la burocracia la que está comenzando a imponer sobre la inversión el peor de los impuestos: al mismo tiempo que alarga los tiempos y encarece los proyectos, nadie recauda.

Un caso particularmente interesante es el de las restricciones al desarrollo urbano. Los planos reguladores se han tornado más restrictivos, la cantidad de permisos requeridos es cada vez mayor, la presión por participación ciudadana es creciente y la incertidumbre sobre las normas urbanísticas ha aumentado. Las restricciones a la densificación y los mayores costos de construcción han empujado al alza los precios de bienes raíces, limitando el acceso a zonas altamente apetecidas y llevando a las personas a la periferia.

Algunas de estas trabas pueden parecer razonables. Hay que ordenar las ciudades y es bueno oír la opinión de las comunidades. Pero esto no es gratis. Un trabajo reciente publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo analiza el desarrollo en 220 centros urbanos de Estados Unidos, entre 1964 y 2009, y concluye que las barreras al desarrollo urbano han tenido un costo en productividad y crecimiento de hasta 0,7% por año. ¡Una brutalidad!

¿Cómo tanto? Es que las altas ganancias en productividad y salarios de los centros urbanos son solo aprovechadas por los que están bien ubicados, y muchas opciones quedan sin aprovecharse por el costo que significa vivir lejos. Esta brecha de oportunidades representa, de facto, una pérdida de productividad para la economía que parece ser bastante alta.

Todo ello es muy injusto también. Las oportunidades están disponibles solo para unos pocos trabajadores, quienes además gozan de la apreciación en el precio de la tierra. No es sorpresa entonces que muchas comunidades estén simplemente defendiendo su propio interés. En palabras de uno de los economistas urbanos más destacados de Estados Unidos, “en algunos lugares, parece ser que cada vecino tiene poder de veto sobre cualquier proyecto”.

El Estado tiene un rol insustituible en el ordenamiento de las ciudades y el planeamiento de su infraestructura. Pero cuando ese rol es ejercido lenta y arbitrariamente, o cuando se hace eco de cualquier clamor ciudadano, termina siendo una traba al desarrollo y una tremenda fuente de desigualdad.