Cuando alguien dice “crisis de las instituciones”, ¿por dónde comienza la enumeración?

El orden da lo mismo, porque lo que es seguro es que en la lista final aparecerán los partidos políticos, algunos municipios, Carabineros de Chile, varias confesiones religiosas, el Congreso Nacional, empresas de distintos rubros, el Ejército de Chile, cantidad de ONGs, universidades, varios tribunales de justicia, reparticiones del Poder Ejecutivo, federaciones de estudiantes, la masonería, la familia, federaciones y clubes deportivos, gremios empresariales, medios de comunicación, etc., etc. Y si me faltó algo, cualquier interlocutor se apresurará a completar el listado.

Pero, ¿son las instituciones las que pueden entrar en crisis? ¿Se puede hacer moralmente responsable de los actos de sus miembros a una entidad, a una sigla o marca, quizás con logo, personalidad jurídica y patrimonio, dotada además de otros múltiples atributos que configuran su existencia? Que haya responsabilidades jurídicas de las instituciones, nadie podrá negarlo. Pero es evidente que cuando se habla de “la crisis de las instituciones”, no se busca solamente cobrarles cuentas en los tribunales, sino que se hace la crítica en un plano distinto, en el nivel de la ética personal y social.

Por eso es que no son satisfactorias expresiones muy antiguas como “las personas pasan y las instituciones quedan” o “hay que reformar las instituciones”. Lo que se comprueba es que si las personas van pasando, pero a lo largo de su vida institucional dejan el espanto, es probable que la organización desaparezca; y que si las reformas afectan meramente a los sistemas, procedimientos, protocolos, cuotas y demás formalidades, no faltarán los que estudien al detalle la nueva institucionalidad, supuestamente mejorada, para vulnerarla de nuevo. Hecha la ley, hecha la trampa.

A esa mirada que evita el problema pertenece la expresión “las formas son una manera de contener la subjetividad y por eso las instituciones casi se reducen a ellas”. Por supuesto, si las formas son las virtudes, eso es correcto. Pero si las formas son los mecanismos —perdón, meramente formales—, a las buenas formas se opondrán con la eficacia de la maldad las simples… malas formas, y derrotarán a las instituciones. Cantidad de ejemplos que acuden a nuestra memoria reciente.

Tampoco parece muy realista ni eficaz plantearse —como lo ha hecho una importante autoridad después de expulsar a varios miembros de su organización— que “nuestra institución no puede tener problemas, no somos conformistas; a nosotros no nos puede pasar”. De nuevo, pareciera que tal o cual configuración social podría evitar por definición los malos comportamientos. Pero, ¿la institución es tan superior moralmente a sus miembros que puede evitar toda forma de corrupción? ¿Existe de verdad algo así?

Como se ve, el defecto de todas las formulaciones anteriores es que olvidan que el tramposo es lo importante o, dicho de modo menos brutal, que la vida ética personal es lo que cuenta al interior de cada organización.

Y eso vale para quienes formulan las normas institucionales, para quienes las aplican, para quienes juzgan los comportamientos de sus pares y, cómo no, para todos y cada uno de sus miembros. Tramposos, corruptos, venales y mentirosos puede haber —y hay— en todas las organizaciones. Solo en ellos está la crisis y cargarles la mano a las instituciones es una cómoda manera de evitarse dos cosas bien molestas: afirmar que existen normas éticas intransables —contradiciendo así un clima de irresponsable expansión de la autonomía— y hacerlas cumplir, persona a persona.

Muy incómodo, pero decisivo.