Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República causa pánico en el gremio de la construcción. La Contraloría determinó que 49 proyectos en Estación Central obtuvieron su permiso "en contravención a la normativa aplicable" y ordenó al municipio iniciar un proceso de invalidación de los permisos. El dictamen revela que las empresas inmobiliarias (con acuerdo de la Dirección de Obras, que hoy se encuentra sumariada por este hecho) habrían interpretado de forma mañosa la laxa norma urbanística que se aplicaba por décadas en la zona, con tal de hacer el máximo negocio posible, aunque eso implicara levantar las aberraciones ambientales, urbanas y arquitectónicas que vemos hoy y que cualquier profesional responsable habría impedido. Se pensaría que, ante la evidencia jurídica y la interpelación de ciudadanos y expertos, el gremio respondería garantizando el respeto al espíritu de la Ley, comprometiendo el cumplimiento de los estándares éticos de sus asociados, cautelando la relación armónica con la ciudadanía y haciéndose cargo de las imperecederas consecuencias de su negocio en la calidad de las ciudades que ellos mismos levantan.

En cambio, el gremio se ha embarcado en una ciega defensa corporativa y en una intensa campaña para sacar a la Contraloría de su camino. Esto es grave, lesivo al ideal de una democracia republicana que garantiza controles independientes sobre los poderes políticos y empresariales. Nadie duda de la relevancia del sector de la construcción para el desarrollo económico del país. El gremio es un actor político y económico poderoso. Durante los últimos años, la Cámara Chilena de la Construcción ha sido el principal "lobbista" de Chile, no solo a nivel gubernamental, sino muy especialmente a nivel local en la discusión de planes reguladores comunales en todo el país. Sin duda, el lobby del gremio busca facilitar el desarrollo de su industria, pero lamentablemente sin equilibrar sus intereses empresariales con estándares consensuados de calidad urbana, y ciertamente no en favor de ninguna institucionalidad que sea percibida como una forma de control administrativo o legal, por indispensable que sea, a la vista de recurrentes episodios.

El gremio reclama hoy una pretendida "certeza jurídica" para llevar adelante negocios inmobiliarios sin sobresaltos ni escrutinios. Pero esa es una pretensión mezquina. La verdadera "certeza jurídica" es inmensamente superior: es aquella que demandamos todos los ciudadanos, amparados en nuestra Constitución, que aspiramos a vivir en lugares bien pensados y bien hechos, con la convicción de que cada profesional involucrado, cada funcionario público y cada empresario habrá dado lo mejor de sí al país, siempre consciente de las consecuencias de sus actos en las vidas de todos.