Estimado lector, si yo le mencionara un 4; un 1.2; un 5.5; un 6.8; un 36 y un 51, a usted y a mí no nos dirían nada, pero si los contextualizamos podríamos responder algunas interrogantes del presente político. El Gobierno y el Presidente Piñera pasan por su peor momento de evaluación ciudadana, después de más de un año en La Moneda. Recordar, además, que el Presidente Piñera obtuvo un gran triunfo en la segunda vuelta presidencial, derrotando por casi 10 puntos al candidato Alejandro Guillier. ¿Qué ha pasado entre ese momento y el presente? Y para eso sirven los números. Además les recuerdo que el principal mensaje del candidato Piñera y la derecha fue hacer crecer la economía, mejorar el empleo y los salarios y combatir la delincuencia. Vamos a las cifras.
El país aumentó el año 2018 un 4% su Producto Interno Bruto (PIB), después de haber crecido en promedio durante Bachelet 2 un 1.7%, sin embargo los salarios para ese mismo periodo crecieron solo un 1.2%; el desempleo se mantuvo en torno al 6.8% y las utilidades de las 500 empresas más grandes de Chile crecieron en un 5.5% durante el año pasado.
Es decir, la economía crece casi tres veces más que los salarios, el desempleo se mantiene relativamente alto y las utilidades de las más grandes empresas prácticamente cuadruplican el alza de los salarios. Frente a estos números, la ciudadanía responde aprobando la gestión del Presidente Piñera en la última encuesta con un 36% y rechazando la gestión del Presidente de la República en un 51%. Estas cifras de la encuesta Cadem coinciden en los grandes números con la encuesta Criteria Research y Activa Research.
En consecuencia, el respaldo ciudadano a un gobierno no solo está determinado por el crecimiento económico de país sino fundamentalmente si ese ciudadano o ciudadana percibe que tal incremento le llega a su bolsillo y a su vida cotidiana. Mayor contraste aún producen estas cifras cuando las utilidades de las grandes empresas superan varias veces, como hemos dicho, el promedio de incremento salarial.
Pero hay otras cifras. Mil millones de dólares; 10 mil pesos; 6 millones y medio de hogares. Me refiero a los famosos medidores. Las empresas distribuidoras invierten mil millones de dólares para comprar 6 millones y medio de medidores para cada uno de los hogares de Chile pero no hayan nada mejor que esta inversión no la paguen ellos sino millones de chilenos y se comprometen voluntariamente apagar $10.000 por el medidor que van a sacar. Legítima indignación ciudadana con un alto costo político para el Gobierno y el Presidente.
Ocho años, más de 100.000 demandas, 5.1% y 50 mil millones y un 15%. Me refiero a las isapres en las cuales estamos afiliados el 15% de la población chilena. Pero las isapres, demandadas por sus usuarios en más de 100.000 situaciones, elevan sus precios en un 5.1%, el más alto en los últimos 8 años y obtienen utilidades, en los últimos años, que superan los 50.000 millones de pesos. Indignación ciudadana y costo político para el Presidente y el Gobierno.
Todo lo anterior son algunos ejemplos de las últimas semanas a los cuales hay que agregarles los datos más estructurales que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante los últimos meses, como por ejemplo y de acuerdo a cifras oficiales, el 80% de las familias chilenas no llega a fin de mes con respecto a los gastos y sus respectivos ingresos. Solo el 20% de los trabajadores está sindicalizado y más aún, solo el 8% de los trabajadores negocia su salario y sus condiciones de trabajo en negociación colectiva.
Asimismo y no obstante que el coeficiente Gini ha mejorado marginalmente, el 1% de los chilenos de mayores ingresos captura casi el 30% del total de los ingresos del país.
Mientras no se comprenda que los desafíos de Chile, junto al insustituible crecimiento económico, son que este vaya acompañado por una justa distribución entre los chilenos y chilenas de ese crecimiento no habrá Presidente ni gobierno, cualquiera sea su signo político, que sea respaldado y evaluado positivamente por la mayoría.