El informe de 2015 del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción tuvo buenos efectos. Dio origen a proyectos de ley ya aprobados; motivó resoluciones administrativas para combatir malas prácticas; aleccionó a los partidos políticos en ese mismo sentido; estimuló a que asociaciones empresariales pusieran más atención al control ético de los negocios, y convenció de que era conveniente derogar la Ley Reservada del Cobre. Más allá de todo eso, el informe alertó acerca de que la corrupción en Chile podría ser mayor de lo que imaginábamos y que era ya tiempo de reaccionar. Reaccionar con mejores normas, con mayores controles, con sanciones reales y que fueran más allá de unas cuantas clases de ética a los infractores, de manera que consiguiéramos avanzar en una cultura de buenas prácticas en un país todavía en situación de salvarse del descalabro que en tal sentido han sufrido otros. El informe incluyó propuestas sobre los municipios, pero en esto nada ha pasado aún.

Unos más, otros menos; unos de manera escandalosa, otros más solapada; unos en manos de un sector político, otros en las del sector contrario; unos con grandes ingresos y otros con recursos menguados, lo cierto es que son varios los municipios en los que se han descubierto graves y reiteradas irregularidades. Algo que está muy mal y que se pone aún peor a raíz de la práctica del nuevo deporte nacional del doble estándar, que a los partidos de gobierno los hace condenar solo las irregularidades de los municipios que están en manos de la oposición, mientras que los partidos de esta parecen tener mirada crítica únicamente sobre aquellos que están en poder del Gobierno. En sintonía con eso, los alcaldes cuestionados, de uno y otro sector, siguiendo el mal ejemplo de senadores y diputados que también lo estuvieron alguna vez, solo atinan a decir que las críticas que les dirigen responden a motivos políticos, incluso cuando la Contraloría ha informado de graves irregularidades. Esos alcaldes se suman así al majadero coro de una dirigencia política que se acostumbró a no rendir cuentas de sus actos, a no hacerse responsable por nada, a victimizarse de manera infantil, y a declararse perseguida por sus rivales políticos y los fiscales.

Poderes excesivos de los alcaldes en comparación con los que tienen los concejos municipales; contrataciones discrecionales por parte de los alcaldes de camaradas de partido y dirigentes poblacionales que trabajan para la reelección de aquellos y de sus concejales amigos, y no para el bien de la comuna; cargos directivos de los municipios otra vez en manos de amigos y correligionarios dudosamente calificados y que llegan allí sin concurso público; muy débiles estándares de trasparencia en licitaciones y tratos directos; nulos controles ciudadanos sobre la gestión municipal; negocios municipales en los que en ocasiones se involucran funcionarios del municipio, cuando no los propios concejales, recibiendo dádivas de los privados interesados en tales negocios, y, como si todo eso fuera poco, parlamentarios del mismo lugar que en vez de orientar a los alcaldes de su sector político acerca de cómo hacer bien las cosas, corren a respaldarlos ante denuncias de irregularidades, seguramente porque les deben favores electorales y porque hasta comparten operadores de ese carácter que les facilitan la reelección. Reelección que en el caso de los alcaldes puede ser indefinida, transformándolos de caudillos en monarcas, es decir, en vitalicios.

Es por todo eso que alegra sobremanera que el contralor general de la República incluyera en su reciente discurso una referencia explícita acerca de los mayores controles que requieren los municipios, algo que, sin embargo, no basta, puesto que lo que se necesita es una profunda revisión y cambio de la legislación municipal. En esto debieran estar pensando los partidos y no en cómo mantener a sus alcaldes en la próxima elección o cómo descalificar a los que controlan en vez de hacerlo con los cuestionados.? ? Continuar postergando la reforma de nuestra institucionalidad municipal desatiende un nivel de gobierno —el comunal— que tiene máxima importancia para la calidad de vida de las personas.