Curiosa reacción —un tanto histérica— la de la élite liberal-progresista ante el triunfo de la opción de mantener al Instituto Nacional como establecimiento de varones en la votación de su comunidad escolar. Este tipo de cuestiones, se dijo, no pueden resolverse por decisión de mayorías. Son los mismos que hasta hace poco justificaban las tomas de liceos y las calificaban de “democráticas” por haber sido decididas por la mayoría de una asamblea estudiantil.

Este reciente escepticismo democrático proviene de lo sorpresivo del resultado: estaban confiados en que ganaría la tesis “políticamente correcta”, en línea con la ola feminista y el movimiento #MeToo. Su desconcierto se asemeja al que les produjo el masivo rechazo del público a la actuación de la comediante feminista Jani Dueñas, en el último Festival de Viña.

Yendo al fondo del asunto, debe aclararse que la educación diferenciada por sexos, aplicada en Estados Unidos como “sex single education”, es un modelo educativo que ha vuelto a llamar la atención en los últimos años porque se ha constatado que presenta ventajas también para una mejor integración de la mujer en el campo laboral y profesional. Numerosos estudios confirman que niños y niñas tienen procesos de aprendizaje diferentes, porque —por más que las doctrinas de género pretendan negarlo— son biológica, cognitiva y psicológicamente distintos, y tienen patrones de desarrollo y de comportamiento que no coinciden.

Se alega a favor de la enseñanza mixta que la diferenciada discriminaría: dejar fuera de un establecimiento de excelencia a niñas con talento sería sexista. Pero si así fuera, lo mismo cabría decir, ahora en favor de los muchachos, respecto de liceos femeninos de alta calidad como el Liceo Nº 1 Javiera Carrera, el Liceo de Niñas Nº 7 o el Liceo de Niñas de Concepción. Y piénsese que la excelencia del colegio puede deberse, a lo menos en parte, a la especificidad de sus métodos educativos.

Esta polémica se planteó hace poco en España, donde el grupo parlamentario socialista cuestionó una ley que permitía subvenciones a escuelas diferenciadas. Los parlamentarios recurrieron al Tribunal Constitucional, pero este, en abril de 2018, declaró que la enseñanza diferenciada no es discriminatoria, porque se trata de un modelo educativo dual, que resulta amparado por la libertad de enseñanza: “Se trata —se lee en el fallo— de una opción pedagógica de voluntaria adopción por los centros y de libre elección por los padres y, en su caso, por los alumnos. Como tal, forma parte del ideario educativo o carácter propio de los centros docentes que opten por tal fórmula educativa”. En Alemania, el Tribunal Federal Contencioso-Administrativo, unos años antes, también había afirmado la compatibilidad constitucional de los colegios públicos de un solo sexo.

Los instrumentos internacionales tampoco proscriben este modelo. La Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones contra la Enseñanza establece que no son discriminatorios los sistemas de establecimientos escolares separados para alumnos de sexo masculino y de sexo femenino (art. 2). La misma Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, si bien recomienda estimular la educación mixta, admite “otros tipos de educación” que contribuyan a eliminar los estereotipos femenino y masculino (art. 10).

Un gobierno como el del Presidente Piñera, que se orienta por principios como la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a decidir la mejor educación para sus hijos y la autonomía de las comunidades escolares, debiera propiciar que la enseñanza financiada con fondos públicos sea lo más diversa posible e incluya establecimientos organizados bajo el modelo educativo diferenciado.

¿O será que los padres sin medios económicos no podrán optar a esta modalidad de enseñanza para sus niños o niñas, a diferencia de los pudientes, que pueden escogerla porque tienen los recursos para pagar establecimientos privados que la practican? Esa sí que sería una incomprensible discriminación.