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RenovarMás de 4.200 reos son controlados por tobilleras: al 3,6% se les perdió la señal
En Gendarmería lo consideran una cifra "marginal", lo que no coincide con la opinión de los congresistas, que quieren que el sistema se amplíe a delitos de violencia intrafamiliar; pero con calidad.
Las estadísticas fueron entregadas a este diario por el jefe del departamento de Monitoreo telemático de Gendarmería de Chile, Pablo Gaete.
Gendarmería controla con tobilleras a 4.249 condenados a penas sustitutivas a la privación o restricción de la libertad, y no medidas cautelares, como denuncias por violencia intrafamiliar.
Después de cuatro años y medio de implementación, el sistema de control parece haber logrado estabilizarse, si se considera que en septiembre de 2015 se supo de un condenado por microtráfico -Daniel Rivera Valenzuela, alias El Japonés- que se quitó la tobillera electrónica que permitía localizarlo y luego participó de dos asaltos armados. No se han conocido casos similares en el último tiempo.
Lo que no se ha normalizado es la licitación del servicio de monitoreo. El proceso que se inició en septiembre de 2017 se encuentra en litigio, listo para sentencia en la Corte Suprema (ver recuadro).
Problemas del sistema e incumplimientos
Todos los casos de tobilleras en las que se les ha perdido la señal "fueron reportados a los tribunales de Justicia para que se adopten las medidas pertinentes; es decir, revocar la medida (de usar tobillera), ordenar la detención, citar a audiencia, etc.", explicó Pablo Gaete.
Aunque el uso de tobilleras para controlar a los condenados fuera de la cárcel fue bien recibido, en 2014, de inmediato aparecieron las críticas, porque el sistema no lograba funcionar. Frente a un corte masivo del servicio eléctrico no se activaban de inmediato los servidores de respaldo y la ubicación del reo que iba con tobillera cambiaba si iba en bicicleta o en auto.
En agosto de 2017, el entonces subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, envió un detallado informe al Senado. El documento señalaba que en 2015 hubo 50.402 incumplimientos, o por no estar en la zona autorizada o por batería apagada. En 2016, la cifra aumentó: hubo 99.339 incumplimientos: 78.307 porque el reo no estaba en la zona y 15.409 por batería apagada.
Actualmente, según el jefe del Departamento de Monitoreo, hay un detallado protocolo.
"Ante el riesgo de pérdidas de señal que puede experimentar el dispositivo, el Departamento de Monitoreo Telemático despliega una serie de protocolos tendientes a evitar que se produzca la pérdida de avistamiento del dispositivo. Así, antes de la pérdida total de batería, los operadores del sistema de monitoreo toman contacto con el condenado indicándole que debe proceder en forma urgente a la carga. Ello, dado que, si se pierde la señal por esa causa, se informará a los tribunales".
Frente a la primera de las alarmas por pérdida permanente, los operadores llaman al teléfono personal del condenado para que cargue inmediatamente o en su defecto concurra a un soporte técnico.
Por último, se envían en forma semanal oficios a tribunales en donde se indica que desde una fecha y hora determinada el dispositivo del condenado ha perdido la señal sin ser posible su correcto control. "Luego de tres oficios, se envía un cuarto donde se solicita se ordene la suspensión de la medida".
Al 81,49% se les desinstala por haber cumplido pena
-¿Es efectivo que muchas tobilleras se encuentran desconectadas porque los reos las cortan o bien presentan problemas de monitoreo?
-No. Las cifras generales muestran que la mayoría de los usuarios da un correcto uso a este mecanismo de control. Al 81,49% de los condenados usuarios del sistema se les desinstala la tobillera por la llegada del término del período de control impuesto por tribunales de justicia.
Continúa:
-Además, tan solo un 0,46%, es decir, 155 casos, del total de usuarios que han sido monitoreados, presenta como motivo de la desinstalación del sistema el corte de la correa del dispositivo. Y tan solo 138 casos al 12 de marzo de este año presentan pérdida de señal, los cuales, previa ejecución de protocolos, son reportados a los tribunales de Justicia.
Una cifra que el jefe de monitoreo considera "marginal".
Desde 2017 se encuentra suspendido el proceso de licitación del servicio de monitoreo telemático de las tobilleras. En esa ocasión, la comisión evaluadora adjudicó como ganadora a la empresa Global Systems SpA, que había obtenido el tercer lugar, y dejó fuera a los dos primeros, arguyendo mejor calidad técnica, pese a que en las bases de la licitación no era ese el modelo de selección que se había indicado.
Razón por la cual los otros dos oferentes del servicio, Track Group Chile Spa (que obtuvo el segundo lugar) y UTP Pegaus-Sinergy (que logró el primero), impugnaron el proceso ante el Tribunal de Compras Públicas.
En la Corte de Apelaciones se señaló que las bases de la licitación estaban correctas y el puntaje asignado de acuerdo a ellas, también. El problema era que no le dieron el negocio a la empresa que ocupó el primer lugar. La razón esgrimida fue que optaron por superioridad técnica y por eso se inclinaron por el tercer lugar.
El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde el 14 de febrero se efectuaron los alegatos y la causa se encuentra "en acuerdo".
Para mantener la continuidad del servicio mientras se dicta sentencia, Gendarmería suscribió un contrato mediante la modalidad de trato directo, el 8 de enero de 2018, con la empresa Track Group Chile SpA, que había obtenido el segundo lugar en la licitación. Contraloría visó el acuerdo.
Mientras el resultado de la licitación sigue en suspenso, congresistas como el senador PPD Felipe Harboe y el diputado RN Mario Desbordes quisieran que el sistema de tobillera se amplíe a medidas cautelares, en temas de violencia intrafamiliar.
Hay un caso en la historia de las tobilleras relacionado con violencia intrafamiliar, aunque no en medida cautelar: Un padre que tenía prohibido acercarse a su hija llegó a verla a Rengo un 21 de mayo, porque la niña desfilaba con su colegio. Las alertas funcionaron y el padre fue preso.



