El crecimiento de la economía oscila por arriba o por abajo de una línea de tendencia. Cuando asumió la actual administración, la actividad crecía en un 4,7% anual y alcanzó un incremento de 5,3% anual a mediados de 2018. Ahora estamos en una fase descendente, con un crecimiento del producto en torno a un 2,5% anual en el primer trimestre. Lo preocupante es que estos movimientos de corto plazo no han modificado la tendencia misma.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado que llevará a cabo una revolución microeconómica para destrabar los proyectos productivos que están enredados en la maraña regulatoria. Las autoridades creen que la inversión y el emprendimiento, elementos clave para impulsar el crecimiento, están frenados por las distorsiones que existen en la regulación y en las normas administrativas, impactando la productividad y el empleo.

El paradigma que inspira esta iniciativa señala que el pilar fundamental para el progreso del país es el de las empresas y los mercados, por lo que el Estado debe hacer lo necesario para eliminar cualquier obstáculo que afecte su funcionamiento. Es decir, se considera que las empresas y los mercados tienen todas las capacidades para ejecutar los proyectos productivos que el país necesita, por lo que si no lo están haciendo, hay que buscar la explicación en alguna parte. Así, el equipo económico ha responsabilizado a la incertidumbre generada por las políticas de la administración anterior, y ahora a las distorsiones regulatorias y a los escollos burocráticos. Como se ve, este paradigma opera dentro del eje tradicional mercado-Estado.

En este enfoque, el crecimiento es el resultado del desenvolvimiento espontáneo de actores autónomos, que tienen abundantes proyectos disponibles a la espera de la decisión de ponerlos en marcha. El consumo y la inversión dependen de las expectativas y de la percepción que se tiene del entorno. Así se explica el empeño de las autoridades en transmitir una suerte de triunfalismo forzado, más que de construir nuevas realidades.

Antes de continuar con este análisis hay que reconocer que existe una sequía de nuevos proyectos productivos y que algunos que se han mantenido vigentes por largo tiempo han anunciado su cierre. Al mismo tiempo, las evaluaciones internacionales muestran que la calidad de nuestro sistema regulatorio es deficiente y que no cuenta con los mecanismos que permiten incorporar mejoras como son el involucramiento de los actores relevantes en su diseño, el análisis de impacto y la evaluación ex post .

Sin embargo, la verificación de estos hechos no permite establecer la causalidad que está implícita en la iniciativa del Gobierno. Como señala Raghuram Rajan (destacado economista de la Universidad de Chicago y expresidente del Banco Central de la India) en su reciente libro, el capitalismo moderno se apoya en los mercados y en el Estado, dejando en un segundo plano a las comunidades y a las interacciones personales, lo que es urgente remediar no solo para resolver las tensiones políticas y sociales que se observan en la mayoría de los países, sino que también para generar un nuevo impulso al crecimiento.

Hoy la vitalidad de los mercados depende de la existencia de sociedades y comunidades inclusivas, con un sentido de propósito y una democracia vigorosa. El balance entre Estado, mercados y comunidad es la base del progreso, que se ve reflejada en ámbitos específicos como la calidad de la regulación económica o del funcionamiento del Estado. De aquí que la agenda de la revolución microeconómica, tal como está planteada, es un esfuerzo inútil.

Lo que el país necesita es salirse de la camisa de fuerza del eje mercado-Estado, que ha demostrado sus limitaciones para resolver las exigencias de una vida mejor. El desafío actual es impulsar un cambio de paradigma que consiste en construir un nuevo eje a partir de la generación de un entorno positivo en las comunidades locales, apoyado en el Estado, en los mercados y también en las relaciones de colaboración entre distintos actores sociales. Fortalecer el tejido social a través de interacciones de valor tiene significativos impactos positivos para el funcionamiento de la democracia, la convivencia social y el progreso económico.

Los nuevos proyectos productivos que el país necesita son complejos de lograr porque requieren de la coordinación efectiva entre diversos actores como empresas, universidades, emprendedores, centros de educación técnica, sociedad civil y los distintos niveles del gobierno. Este tipo de interacción local es más beneficiosa cuando entre los participantes existe un proyecto de futuro compartido.

Del mismo modo, la capacidad para adaptarnos a los cambios en el mundo del trabajo, como la automatización y la robotización, depende críticamente de cómo se organizan diversas instituciones para acompañar las sucesivas etapas de la vida laboral de las personas. Nuevamente la coordinación y el sentido de comunidad son indispensables para construir soluciones que mitiguen los riesgos de la vida laboral y adapten las capacidades de las personas a los requerimientos de las actividades productivas. El modelo individualista o de mercado simplemente no funciona.

En síntesis, la revolución microeconómica del Gobierno apunta a corregir los síntomas de un modelo que está fuera de su balance. Lo que corresponde es avanzar hacia un cambio de paradigma, que funciona con una nueva articulación entre mercados, Estado y comunidades.