Iniciamos el año político legislativo 2019 con el siguiente cuadro: el gobierno comienza su segundo año de mandato con una evaluación positiva del Presidente en torno al 40% promedio y un rechazo de similar magnitud. Como siempre ocurre en estas encuestas, el gobierno en evaluación positiva está más bajo que el Presidente, y en evaluación negativa está más alto que el primer mandatario.

Desde el punto de vista de los grandes números y políticamente interpretando estas cifras, es un Presidente y un gobierno con fortaleza. La primera apreciación de la oposición, a partir de los números señalados, es que al frente tiene como adversario político a un Presidente y un gobierno sólidos. Por otra parte, la coalición que respalda al gobierno, Chile Vamos, se aprecia bastante unida y administrando su diversidad. Asimismo el gobierno enfrenta, con la fuerza relativa que posee, una agenda legislativa que expresa su identidad política, económica, social y cultural. Esto último se expresa en los proyectos de ley ya presentados sobre modernización tributaria y cambio al sistema previsional y se profundizará en las siguientes semanas con el envío de los proyectos referidos a legislación laboral y al tema del mecanismo de selección en la educación pública.

Por otro lado, la oposición inicia el año fraccionada en 8 partidos y movimientos con representación parlamentaria: a saber, DC, PPD, PS, PR, PC, PRO, Regionalistas y Frente Amplio. Este fraccionamiento se ha atenuado en los últimos meses por la creación de dos convergencias: la Convergencia Progresista, que agrupa al Partido Socialista, al Partido Radical y al Partido por la Democracia, además de la otra Convergencia, sin apellido, que involucra al Partido Comunista, PRO y a los Regionalistas. Para tener éxito como oposición se requiere -como es obvio- la unidad de propósitos y contenidos y en esta dimensión es clave que la próxima semana se cumpla el acuerdo por todas estas fuerzas de administración del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. Lo anterior, el cumplimiento del acuerdo, refleja lo que fue el resultado electoral parlamentario del 2017, es decir, la oposición unida es mayoría en ambas cámaras. No sería comprensible para la ciudadanía que le otorgó esa mayoría perder la conducción de ambas ramas del Parlamento.

Por otro lado, la oposición, unida por el acuerdo, debiera seguir el modelo que se está aplicando en la discusión con el gobierno sobre el proyecto de modernización tributaria. Ese diálogo desde la oposición -que está en plena ejecución- se levanta sobre 8 puntos de principios, contenidos y orientaciones de política pública y que ha logrado unir frente a este tema al conjunto de la oposición desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio. Es interesante conocer en esta materia que la oposición se ha unido en torno a mantener la recaudación, a hacerla progresiva, ayudar a la pyme y controlar la evasión y la elusión, entre otros.

El modelo recién descrito debiera replicarse frente a los otros proyectos sustantivos que el gobierno ha enviado o enviará al Parlamento. De tal manera que en el debate político legislativo la ciudadanía será informada sobre las distintas orientaciones y principios entre el oficialismo y la oposición. A manera de ejemplos, la oposición debiera unirse frente a los proyectos de legislación laboral defendiendo como principio la titularidad sindical frente a los grupos negociadores, la defensa de los servicios mínimos y no la ampliación de estos frente a la huelga y reivindicar lo que se logró en la reforma de Bachelet: que la ampliación de beneficios lograda en la negociación se mantenga de común acuerdo entre sindicato y empleadores.

Asimismo, en esta materia debiera abrirse a la propuesta gubernamental en la reforma al Sence y en relación con la flexibilidad laboral, siempre que esta última se dialogue con el sindicato. Respecto de la reforma previsional, la oposición unida debiera respaldar el reajuste propuesto por el gobierno sobre el pilar solidario, así como el aporte del empleador del 4%. Con la misma fuerza debiera buscar que este aporte sea administrado por un ente público autónomo y no por las AFP.

He puesto estos dos modelos de ejemplo porque permitirían a la ciudadanía identificar con nitidez las diferencias legítimas entre el oficialismo y la oposición y harían del año político 2019 uno de diálogo entre ambas fuerzas sobre principios, contenidos y orientaciones de política pública y no una mera lucha de trincheras. Todo lo anterior requiere de un requisito formal: cumplir el acuerdo político administrativo y legislativo por todas las fuerzas de oposición para seguir conduciendo al Parlamento.