Aquí en Chiloé ya corren vientos otoñales, el mar se encabrita y las nubes se instalan con mayor frecuencia. Aires de fin de fiesta y saber que mi destierro de este paraíso terrenal es inminente, me incitan a mirar la realidad, no la nuestra, la de los visitantes, sino la de quienes se quedan.

La argumentación casuística, basada en casos singulares, no es reconocida como la forma más correcta de razonar. Sin embargo, los ejemplos concretos sí sirven para ilustrar una parte de la realidad, que muchas veces queda encubierta por las estadísticas y las consideraciones generales. Chiloé es un microcosmos que permite distinguir entre lo que son elucubraciones teóricas abstractas y lo que es la realidad concreta de la vida de seres humanos reales.

Me explico. La discusión en el foro público sobre el centralismo versa sobre la estructura política y constitucional, la asignación de los recursos, su gestión y la distribución del poder. En Chiloé, en cambio, implica el absurdo de que los paraderos de buses son los mismos en Arica que en Ancud, y que, en esta tierra de maderas y latón, se construyen de cemento, con grandes ventanas abiertas que impiden cobijarse de la lluvia; o bien, que los colegios deben ajustarse a menús iguales para todas las regiones y, como me contaba una apoderada, ofrecer jurel en lata, en vez de productos frescos del mar, a su alcance y más acordes con sus gustos y cultura.

La discusión pública se trenza en un eterno debate sobre si importa el crecimiento económico o "la calidad de vida", como si existiera una dicotomía insalvable entre ambos o pudiera haber una sin el otro. Conozco un pequeño agricultor chilote que -tras meses de trámites para conseguir permisos y una resolución sanitaria- formó una pequeña empresa para producir papas nativas. Él sabe, porque lo vivió, que cuando sus costos subieron por mayores regulaciones y el crecimiento disminuyó a menos de 2%, su emprendimiento ya no fue viable y sus sueños se esfumaron.

En el debate nacional se propugna un "derecho" universal y absoluto a la salud, constitucionalmente garantizado. Más aún, la Corte Suprema ha sustituido el "derecho a la vida" por una suerte de "derecho a la inmortalidad", obligando al Estado a pagar por remedios al margen de lo establecido por la ley y cualesquiera sean sus costos. En Chiloé, todo ello parece una ironía grandilocuente. Porque la vida real es que un vecino acudió un domingo a su posta local con fuertes dolores y se le diagnosticó un "problema abdominal"; el martes, en mucho peor condición, se reiteró la situación; recién el jueves se le facilitó una ambulancia y en Castro constataron que había sufrido dos infartos masivos. La verdad es que en las postas de Chiloé se pueden proclamar todos los derechos universales que se quiera, pero el hecho es que no hay una máquina para electrocardiogramas y en el pueblo vecino no había papel para imprimirlos. Y en todo Chiloé no hay un solo hospital de especialidades y debió ser trasladado a Puerto Montt, donde lo operaron con éxito, pero en el hospital no había camas y fue devuelto en la misma ambulancia destartalada a Chiloé para su recuperación.