Aunque casi todo ha sido dicho, es difícil sustraerse de emitir una opinión sobre la resolución del juez Alejandro Madrid, que calificó como homicidio la muerte del Presidente Eduardo Frei Montalva, ocurrida el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, luego de realizarse una intervención quirúrgica que parecía de rutina.

Es increíble, de partida, que el sistema judicial chileno esté ocupado de investigar la muerte de un ex-Presidente de la República ocurrida hace 37 años. Más aún, que el juez que investigara el asunto por 14 años concluya que fue asesinado por agentes del Estado chileno, porque veían en Frei Montalva una amenaza para el régimen vigente. En su fallo señala haber logrado acreditar seguimientos e interceptaciones telefónicas sobre sus reuniones e intervenciones políticas, todo lo cual -concluye- "produjo una serie de circunstancias que lamentablemente concluyeron en el desenlace que todos sabemos", resultado directo de un procedimiento médico inadecuado y de la existencia de "una sustancia química" que colaboró a su muerte definitiva. Aunque "no se acreditó" premeditación ni planificación, el juez Madrid condena como responsables a varios médicos, así como al exchofer de Frei, transformado en informante de la CNI.

Se trata de una resolución de primera instancia, aún sujeta a revisiones por instancias judiciales superiores. Y aunque pocos han leído las 811 páginas del fallo -yo mismo no soy una excepción-, según las encuestas una amplia mayoría de compatriotas cree en la veracidad de los hechos que describe el juez Madrid; vale decir, estima plausible que los recursos que ponemos en manos del Estado para nuestra protección hayan sido usados bajo el régimen de Pinochet para matar a los enemigos políticos, incluyendo un ex-Presidente de la República.

No es raro, por lo mismo, que la resolución del juez Madrid haya provocado tamaña conmoción. Sabíamos que en un pasado aún reciente habíamos llegado a límites inauditos en cuanto a odio y desprecio de la vida humana, pero siempre es duro constatar cuán lejos fuimos capaces de llegar. Esto, sin embargo, no debiera servir de excusa para censurar cualquier raciocinio sobre el fallo del juez Madrid acusando a quien lo formula de "negacionismo", de justificación y hasta de complicidad. La indignación moral, a pesar de su nobleza, cuando se lleva sin mediación al plano político, y sobre todo al judicial, conduce a una espiral que termina a menudo en tragedias como las que hasta ahora nos estremecen.

Al momento de razonar francamente, me cuesta entender el grado de sofisticación que imputa el juez Madrid a los que habrían asesinado a Frei Montalva, así como su exquisita preocupación por borrar las huellas de su crimen. No hay que olvidar que serían los mismos que, después de apresarlos y torturarlos sin juicio de ningún tipo, hicieron desaparecer los cuerpos de miles de dirigentes y militantes políticos y sindicales calificados de enemigos y antipatriotas. Los mismos que dieron muerte al general Carlos Prats y a su esposa colocándole una bomba en su automóvil en Buenos Aires. Los mismos que contrataron a una banda neofascista para atentar contra Bernardo Leighton cuando paseaba con su mujer por las calles de Roma. Los mismos que hicieron estallar el automóvil de Orlando Letelier en pleno Washington DC cuando se desplazaba con una asistente estadounidense. A la luz de estos antecedentes, insisto, tengo problemas en conceder a los culpables de tales crímenes la inteligencia que atribuye el juez Madrid a los que habrían sido responsables del asesinato de Frei Montalva: una bomba en la clínica, confieso, me haría más sentido.

Pero no soy juez, y esto felizmente me exime de la obligación de ponderar el fallo del juez Madrid y dictar una sentencia definitiva, como tendrán que hacerlo las siguientes instancias judiciales.