Se pretende castigar con penas de cárcel a quien niegue las violaciones de los derechos humanos en Chile. Es un curso de acción que fatalmente lleva a establecer el tabú de preguntar acerca de las causas y carácter de la crisis, tarea del pensar. Es lo que la teoría política ha bautizado como "prohibición de preguntar", donde hasta hablar de "contexto" cae en el oprobio, amén de que la iniciativa demuestra una escuálida fe en el poder de la razón y deliberación, remedando -no estoy seguro de que no sea sin estar consciente de ello- la lógica del totalitarismo.

Examinemos un caso, lejos en el tiempo, ya que hay que temer por el cuello y expresarse con cuidado acerca de nuestra historia reciente, por las consecuencias que plantearía: barrotes. En 2010 y a raíz del bicentenario, en una reunión académica, un historiador español nos conminó a levantar un monumento al capitán Vicente San Bruno, encargado de una cruel represión en la zona de Santiago durante la Reconquista y después ejecutado por los patriotas. Me pareció demasiado escoger a San Bruno como símbolo de un homenaje reconciliatorio, pero sí en cambio se debería recordar al teniente coronel Tomás de Figueroa, que el 1° de abril de 1811 intentó un golpe armado contra la Junta que había asumido el gobierno del Reino de Chile el 18 de septiembre de 1810; derrotado por las fuerzas patriotas tras breve combate en la Plaza de Armas, fue sometido a juicio sumario y fusilado en su celda antes que el sol despuntara de nuevo; su cadáver fue exhibido a los santiaguinos como escarmiento y luego enviado a un "enterratorio" donde yacían los delincuentes. Durante la Reconquista, su cuerpo fue trasladado a la catedral.

¿O era la Junta la golpista? Porque aquí comienzan los problemas que no admiten las respuestas simples y simplonas sobre buenos y malos. Es probable que el pobre Figueroa y los que pasaron a llamarse realistas hayan pensado que ellos representaban la legitimidad y legalidad, y que los patriotas eran simples facciosos que merecían ser ejecutados. Y uno se podría preguntar si en nuestra América, a la luz de 200 años de crisis interminable de nuestras repúblicas, ¿no fue toda la empresa independentista un atolondramiento, una furia enajenada? No lo creo, no por una suerte de derecho sagrado a la libertad y emancipación, sino porque la España del 1800 era incapaz de sacar bajo la manga -lo que hubiese sido ideal- una especie de Commonwealth, ya que en los imperios después de cierto tiempo se produce la tendencia a la disgregación. La misma España siguió dando bote hasta la primera mitad del siglo XX.

Si en 1818 a un patriota enfebrecido se le hubiese ocurrido penalizar con castigos de cárcel el dudar acerca de las bondades del levantamiento independentista, el que afirmara que a los realistas les asistía un tanto de razón podía perfectamente haber temido por su cuello.

No es un juego de erudición histórica. La independencia nos plantea problemas de ayer y de hoy: las violaciones a los derechos humanos a consecuencia de los desgarros políticos; la autoafirmación de entidades nacionales; los derechos de las minorías; lo difícil de juzgar en tantas ocasiones sobre quién representa la legitimidad y la razón (y sensatez), y las interpretaciones contradictorias de la ley. Porque en 1810, ¿quién era el "constitucionalista"? Pensar estas situaciones es un ejercicio que acompaña al proceso democrático. Si se le penaliza, se le hiere en su más íntima entraña.

Entre tanto, en honor a la reconciliación ya hace tiempo alcanzada, propongo una pequeña placa en memoria del malogrado Figueroa, si es que no hay una ley que lo penalice.