La expulsión de Barnechea del fútbol profesional corona la lucha despiadada por los dineros del Canal del Fútbol (CDF) y el negocio que surge a partir de la alianza con Turner, empresa estadounidense que adquirió los derechos de transmisión del balompié local. La realidad es que la querella de los "huaicocheros" en contra de Carlos Ferry, presidente y propietario de San Marcos de Arica, más quienes resulten responsables, por administración desleal, es una suerte de vendetta por la presentación de los nortinos ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Los ariqueños, que descendieron a la Segunda División al finalizar últimos en el torneo de ascenso de 2018, pretenden de manera peregrina que Barnechea sea sancionado por no pagar la mitad de la cuota de incorporación a la Primera B. En el imaginario del cuadro del Morro subyace la esperanza de retener la categoría por una decisión administrativa.

Olvidan que en una situación no igual, pero con similitudes, Deportes Concepción fue desafiliado del profesionalismo en 2016 y Barnechea bajó a la tercera categoría, porque primó el criterio deportivo. Una decisión que incluso fue ratificada por los tribunales ordinarios.

Barnechea, su presidente (Armando Cordero) y el abogado Ciro Colombara parecen equivocar el enemigo. San Marcos, pase lo que pase, jugará en Segunda División en 2019. Sería un golpe a la cátedra retrotraer lo escrito en la cancha. Por eso no tiene sentido el camino judicial si la idea fue responder a la acción de San Marcos. Además, plantear que la elección está viciada, porque los ariqueños votaron con su descenso sentenciado luego de empatar ante Wanderers, es desconocer el funcionamiento de la corporación. En 2011, Provincial Osorno bajó el 2 de octubre y los comicios fueron el 4 de noviembre. Los osorninos sufragaron.

El problema de la segunda cuota de Barnechea se ve en el tribunal patrimonial de Quilín, aunque lo sensato es aguardar la resolución del Tribunal de la Libre Competencia. Un tema que no tiene respuesta desde 2017, pero el sentido común indica que se mantendrá lo dispuesto por la Fiscalía Nacional Económica. En lo grueso, sostuvo que los clubes que ascienden a Primera B no deben pagar porque cumplieron con todo lo establecido por la ANFP.

Barnechea sería uno de los beneficiados, pero Valdivia e Iberia también recibirían las 50 mil UF que desembolsaron. Una herencia de la administración de Sergio Jadue y un Consejo de Presidentes irresponsable y carente de sentido de la realidad. Era obvio que ese acuerdo carecía de viabilidad en una economía de libre mercado, con instituciones que velan por su funcionamiento.

Está a tiempo Barnechea de retirar su querella. Un par de ministros de Corte de Apelaciones, al leer la exposición, plantean que no tiene sentido y no se explican cómo fue admitida. En rigor, el problema central del conjunto metropolitano es el conflicto con el club social Barnechea, dueño de los derechos federativos. Ellos solicitaron la retención de los dineros del CDF. La justicia, por ahora, les da la razón mientras resuelve el fondo del litigio.

El lunes asume Sebastián Moreno en la presidencia de la ANFP. Veremos cómo sale de este conflicto.