Este año que se inicia es fundamental para articular a la oposición en perspectiva del desafío electoral de octubre del 2020 en la elección regional y municipal. La actual oposición aún no logra articularse y solo existen esfuerzos parciales.

De partida, tenemos a lo menos 8 oposiciones con representación parlamentaria; a saber, Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Comunista, Partido Progresista, Fuerza Regionalista Verde Social y Frente Amplio. Aún más, si el Frente Amplio no se consolida tendríamos 14 oposiciones más, es decir, dramáticamente 21 oposiciones. Los esfuerzos parciales a los que me referí lo constituyen la Convergencia Progresista integrada por PPD, radicales y socialistas y el agrupamiento de comunistas, PRO y Fuerza Regionalista Verde Social. Ambas iniciativas son positivas, pero mientras al interior de ellas y entre ellas no haya coordinación política expresada en actitud común frente a la ciudadanía, y particularmente en el accionar parlamentario, constituirían esfuerzos inútiles.

Este año, por otra parte, el gobierno se juega a fondo su identidad política y su relación con la base social, política, económica y cultural que lo eligió, me refiero a tres reformas que en mi opinión son "contrarreformas" aprobadas las primeras en el gobierno de Bachelet 2. Me refiero a la "contrarreforma" tributaria, a la "contrarreforma previsional", ambas ya en trámite legislativo y a la "contrarreforma" laboral que ha sido anunciada por el Ejecutivo para que ingrese al Parlamento este mes. La oposición en sus diversas fracciones debiera enfrentar unida estas medidas a nivel político y parlamentario, lo que se constituiría en un avance sustantivo en la perspectiva unitaria de los próximos años.

La "contrarreforma" tributaria de la derecha en el gobierno lo que pretende en estricto rigor es devolverle al 10% más rico de la población alrededor de mil millones de dólares por la vía de integrar el sistema tributario (costo fiscal 834 millones de dólares) y la eliminación del I.V.A. a la construcción desde las actuales 4.000 UF a las proyectadas 2.000 UF (costo fiscal 200 millones de dólares). Ambas medidas con efecto permanente. Además, y en forma transitoria y mediante la depreciación acelerada, se beneficia al mismo sector. La compensación a este costo fiscal el gobierno postula la creación de la factura electrónica y el impuesto a los servicios de internet. Frente a esto, la oposición debiera rechazar esta "contrarreforma", apoyando la boleta electrónica y el impuesto a los servicios de internet y exigiendo al Ejecutivo que si persiste en la pérdida fiscal de 1.000 millones de dólares ya explicados, esta cifra se debiera compensar con propuestas tributarias que apunten a recaudar en el mismo 10% más rico favorecido. Entre otras, de partida, aumentar del 35% al 40% el impuesto global complementario, mantener las normas antielusión y otras ideas que han surgido de las propuestas técnicas emanadas de la Democracia Cristiana y el PPD, que por ejemplo aumenta el impuesto territorial a las propiedades de mayor tasación fiscal y en consecuencia de mayor valor comercial. Este aumento debiera de afectación fiscal y no municipal. En mi opinión frente a esta "contrarreforma" ese debiera ser el piso mínimo para construir un frente de oposición.

En materia previsional debiéramos enfrentar las siguiente medidas de la propuesta gubernamental: aumentar la cotización adicional de cargo al empleador de 4 a 5 puntos; disminuir el número de años para aplicar esta nueva disposición; la cotización adicional ya aumentada debe ser administrada por un ente público y de persistir el gobierno en la incorporación de nuevos actores en la administración del nuevo 4%, ampliar la opción de los afiliados a elegir su administradora por el total de la cotización y no solo por el 4% que estima el Ejecutivo. La oposición debiera asimismo apoyar inmediatamente la propuesta del Ejecutivo de reajustar en un 10% el pilar solidario.

Frente a la anunciada "contrarreforma" laboral la oposición debiera rechazar la ampliación de los servicios mínimos, que no es otra cosa que debilitar el derecho a huelga y también rechazar al grupo negociador como instrumento paralelo al sindicato, considerando que esta propuesta debilita aún más al sindicalismo ya deteriorado y coloca al factor capital en una posición de ventaja frente al factor trabajo en los dos casos mencionados.

Si la oposición, en sus diversas expresiones, lograra un acuerdo común frente a estas tres "contrarreformas" se constituiría en un paso relevante para que el 2020 derrotemos a la derecha en las urnas, tanto en la elección regional como municipal, con un acuerdo político, programático y electoral que lo permita.