Una nueva línea de Metro, una estación flamante que derrama millares de nuevos transeúntes sobre la plaza de un barrio otrora lacónico. En una esquina, un antiguo lavaseco, con sus máquinas gigantes, su perfume característico y una serie de chaquetones que esperan embolsados. Un cartel avisa a la distinguida clientela que pronto no se recibirán más pedidos porque el local cerrará a fin de mes. La señora detrás del mesón, que ha atendido por décadas el negocio, cuenta que el arriendo casi se ha triplicado de la noche a la mañana y que no lo podrán seguir pagando. Que ya han venido a tomar las medidas del local para remodelarlo, porque ahí se instalará una (este paréntesis es para permitir al lector adelantarse y adivinar qué tipo de negocio se pondrá en la codiciada esquina. Dígalo en voz alta... Así es:) farmacia.

No se trata de un asunto de nostalgia por los oficios y espacios que se lleva el tiempo, sino la constatación de una homogeneización de los usos y la propiedad urbana que le resta espacio a la necesaria diversidad. En efecto, la clientela de la lavandería era abundante, porque en el barrio habitan muchas personas de edad avanzada que utilizaban cotidianamente los servicios de lavado y planchado. Sin embargo, la dinámica económica del valor de suelo hace que el negocio se vuelva insostenible, a pesar de su buena salud.

El Estado hace una magnífica inversión en el tren subterráneo, sin ningún otro instrumento de regulación que la selvática ley del mercado. A lo más, un reajuste a los avalúos e impuestos que acelerará aún más la expulsión de las economías más precarias. En esta pugna desproporcionada, solo sobreviven los depredadores más fuertes, esos conocidos de siempre que contamos con los dedos de una mano. Más de diez farmacias en un kilómetro a la redonda, en manos de las mismas tres cadenas, ya sabemos que no redunda en mejores precios de los medicamentos. A cambio, a los ciudadanos se les arrebata el derecho a participar en la economía de la ciudad, dejando la planificación en manos de un mercado que, al menos en nuestra fértil provincia, no permite que nadie ingrese en la competencia.