Si se concreta la venta de San Luis de Quillota a un grupo inversor argentino -los mismos, primos hermanos o amigos de los regentes de Unión La Calera-, estaríamos en presencia de un hecho inédito, pero de enorme gravedad. Salvo Wanderers, cuatro de los cinco clubes de la Quinta Región responderían a manos de extranjeros: los "cementeros", San Felipe y eventualmente los quillotanos serían controlados por empresas de representación de futbolistas.

En el caso de Everton, la propiedad corresponde al grupo mexicano Pachuca, con un negocio de naturaleza distinta, donde los intereses de nuestro fútbol son secundarios. Agregamos a Unión Española, en manos de Jorge Segovia (español), quien no vive en el país, está preocupado de pasar facturas personales y cuyo accionar se direcciona más a proyectos inmobiliarios que deportivos, con nula preocupación por la masa de hinchas que hizo de esta institución una referencia.

No se trata de xenofobia trasnochada. Es simplemente un ejercicio pragmático, que nos permite observar que al menos cinco instituciones pueden participar, con voz y voto, sobre el destino de nuestras selecciones nacionales y del fútbol joven. Una cosa es la administración institucional y la participación en la liga profesional, pero otra muy diferente es que capitales foráneos, sin ninguna ligazón con Chile, que tal como llegaron hoy se pueden marchar mañana, dispongan de la toma de decisiones que afectan la representación del país.

En Europa, en especial en Inglaterra o en España, las instituciones poseen dueños extranjeros (asiáticos, por ejemplo), pero su esfera de acción no afecta las políticas y definiciones del fútbol local. Las federaciones determinan el trazado en una convivencia que en ocasiones suele ser compleja.

Si a eso agregamos la presencia de factorings que prestan plata a los clubes, que también son dueños de equipos y resuelven en el Consejo de Presidentes de la ANFP, de representantes de jugadores con dos clubes en una misma categoría o de personajes de dudosa reputación, con largos juicios civiles por sus malabares financieros, es necesario que el Estado, a través de sus instituciones, cumpla el rol que la Constitución y las leyes demandan.

Los ministerios de Justicia y Deporte, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía, el Parlamento (pero en serio) deben actuar para establecer quiénes son los propietarios de los clubes, los porcentajes que ostentan en cada cuadro y de dónde proviene el dinero que usaron para comprar entidades que permiten participar de un negocio gigantesco. En esa línea, adentrarse en la manera en que llegaron a acuerdo con quienes vendieron los clubes sería reconfortante para la salud social del país. Cuando el grueso de los protagonistas afronta pérdidas permanentes, es lógico sospechar de su espíritu filantrópico...

Y no vengan con el "cuco". En Zurich estarían felices si el Estado es capaz de colaborar en una operación de limpieza. La ANFP, por sus atribuciones, no está investida con las herramientas para un control real. El que nada hace, nada teme. La ciudadanía espera.