A principios de esta semana se publicó la Ley de Identidad de Género, aunque su vigencia está supeditada a la dictación de varios reglamentos. Al promulgarla, el Presidente Sebastián Piñera aseveró que con su aprobación se daba un paso adelante en la inclusión de las personas transgénero en una sociedad más integrada y humanitaria.

Nadie, por cierto, puede estar en desacuerdo con ese ideal de inclusión y no discriminación de estas personas. Todos comprendemos sus esfuerzos para superar las incomprensiones, la marginación e incluso la violencia que durante mucho tiempo se las ha hecho padecer, la mayoría de las veces producto de la ignorancia y el temor a lo desconocido.

El problema es si realmente este proyecto de ley favorece la inclusión real de las personas trans o se trata, paradójicamente, de una forma más cruel, por sibilina, de intolerancia hacia ellas.

Y es que en rigor la ley no propende a que las personas transgénero o transexuales sean reconocidas como tales en su propia identidad. Por el contrario, se les promete que se les tratará como iguales, siempre que se acojan a uno de los dos sexos biológicos: femenino o masculino; en el fondo, no se les discriminará en la medida en que se asimilen a lo legalmente establecido en materia de sexualidad. Alguien biológicamente varón, pero que piensa que su identidad es femenina, en vez de ser reconocido como lo que es, se verá forzado a aparecer en el Registro Civil o como varón o como mujer, es decir, como una persona cisgénero, que no presenta disociación entre su identidad y su sexo corporal.

La ley les dirá a las y los trans que deben "normalizarse" asumiendo el carácter binario de la sexualidad biológica, porque de lo contrario no podrán ser aceptados por la sociedad. No serán discriminados porque en el Registro Civil y demás documentos públicos habrán sido invisibilizados.

Con ello, se incurre en una distorsión de la identidad de género, ya que, contrariamente a lo que se sostiene, se la pasa a hacer coincidente con la noción de sexo. Las teorías de género nos han enseñado que el género es diverso del sexo, porque se independiza de lo biológico y se trata de una construcción cultural y últimamente psicológica o autopercibida. Entonces, ¿por qué pretender que esa identidad en los registros públicos venga a ser identificada como sexo? La única respuesta coherente es que la sociedad no está dispuesta a aceptar a quien tiene un género que no se corresponde con su sexo, de modo que solo está dispuesto a tolerarlo en la medida en que finja que no presenta esa disociación.

Lo que sucedió es que los impulsores de esta ley estaban más interesados en plasmar legalmente la visión antropológica de las corrientes más radicales de las gender theories que en procurar el bienestar de los transgéneros de carne y hueso.

Si se hubiera pensado en la situación real de las personas trans, podría haberse diseñado una solución más respetuosa e inclusiva. Por ejemplo, que, en paralelo a la constancia del sexo en el Registro Civil, se anotara la identidad de género elegida por la persona. Un transgénero podría quedar registrado como de sexo masculino y de género femenino o viceversa. El sexo podría ser tenido en cuenta para los efectos jurídicos que se basan en él, como los referidos a las relaciones de familia y filiales, tratamientos médicos o competencias deportivas; y, en todo lo demás, operaría la identidad de género.

Personas como Daniela Vega, Manuela Guevara, Andrés Rivera, Valentina Verbal, Alessia Injoque, o la recientemente destacada entre los 100 jóvenes líderes, Constanza Valdés, no han tenido problemas para sobresalir en sus respectivas profesiones, haciendo pública su condición de transgéneros.

Su coraje y valentía sí que han contribuido a que la sociedad chilena conozca y no discrimine a los y las trans. En cambio, esta ley es un paso atrás en esa meta porque da a entender que la disociación entre género y sexo es una anomalía vergonzante que debiera ser ocultada.

Curiosa inclusión esta, ofrecida bajo condición de que el incluido niegue su propia diversidad.