Cuando hace unos días atrás la Unidad de Subvención Sename, que es el valor fijado por ley para atención de menores por parte de las organizaciones que colaboran en su cuidado, fue rechazado en su aumento por parte de la Cámara de Diputados, en señal de repudio político general a las malas prácticas de cuidado de estos, no se visualizó que se estaba poniendo en el mismo saco a justos y pecadores. Cientos de organizaciones, sinceramente dedicadas a la labor de cuidado de los menores, han visto el incremento del costo de la vida y el congelamiento de los recursos, lo que las ha fragilizado al punto de que muchas han estado en vísperas de dejar la noble labor pública que hacen desde la vereda de la solidaridad privada. Lo que nadie previó es que las prestadoras solidarias pudieron hacerse oír mediante las organizaciones que las agrupan, quienes tuvieron al frente, afortunadamente, a parlamentarios que supieron también escuchar. El entuerto va en camino de solucionarse, puesto que el pasado 21 la Cámara de Diputados aprobó el aumento de su monto.

Lo que creo que es relevante remarcar de este episodio es que, verdaderamente, en los últimos años la característica de las relaciones del Estado caracterizadas por pilares siempre verticales, representados por el Estado y un directamente involucrado (sea un funcionario que debe cumplir una orden o un privado que se ve afectado o beneficiado por una decisión), paulatinamente estos pilares terminan por caerse y se presentan estadios cada día más horizontales, donde la decisión del poder, sea el administrativo o el legislativo, tiene un trance de cuestionamiento o al menos de relatos que deben darse de modo explícito. El tercer actor que suele aparecer está representado por las organizaciones de la sociedad civil que, por una parte, se manifiestan en ámbitos materiales, donde colaboran en los sectores para las cuales se constituyen, actuando y sirviendo funciones que quizás antes pensábamos eran exclusivamente estatales; y por la otra, a veces se articulan comúnmente en poderosas redes que pueden sostener embates y, cuando corresponda, levantar fuertes voces que puedan corregir los errores y horrores de las decisiones públicas. Ese fue el caso de las subvenciones.

Pero quizás algunos piensan que este fenómeno pudo darse solo porque quienes actúan en este mundo del dolor de los menores están marcados por la vacuna maravillosa de la solidaridad. Creo que no es la respuesta correcta, pudo darse porque las organizaciones reunidas, estaban conscientes del valor de su aporte, de la relevancia de su existencia y del poder del actuar conjunto. Ello puede darse en cualquier escenario de la sociedad civil.

Y lo digo ahora, porque vienen potentes cambios de la mano de las leyes que fortalecen la regionalización en Chile (21.073 y 21.074) que, por una parte, una permitirá la elección directa de los gobernadores regionales, y la otra, implicará la posibilidad de transferencias de competencias a los gobiernos regionales, en estadios distintos y sucesivos a partir del año 2021. Es que en el ámbito regional viene dándose, desde largo tiempo, una convivencia curiosa entre corporaciones y fundaciones de derecho privado creadas por iniciativas públicas como las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo o Corporaciones de Desarrollo o Corporaciones Regional de Desarrollo Productivo, muchas de estas Corporaciones, tienen glosa en la Ley de Presupuestos y otras obtienen recursos por transferencias asignadas directamente del correspondiente Fondo Nacional de Desarrollo Regional (ver Corporaciones y Fundaciones de Derecho Privado creadas por iniciativas públicas, Melisa Rojas, 2014).

Pero al lado de ellas se han ido instalando en las regiones potentes fundaciones y corporaciones esencialmente privadas, a veces al amparo de gremios industriales y, en otras ocasiones, solo bajo la concurrencia aglutinadora de ciudadanos que tienen el amor a la región, a su trascendencia y a sus proyecciones (Fundación Piensa, Fundación República en Marcha, Hacer Región, Asociación de Industriales de Antofagasta, entre muchas otras).

Es el tiempo de que estas organizaciones tomen conciencia del rol que les corresponde en este tránsito hacia una regionalización que debe concurrir a una elección directa de su máxima autoridad y que, en su momento, su Gobierno Regional detentará competencias que, en su ejercicio, les serán propias. Para que ello no sea un Big Bang, se requiere que aquellas se inmiscuyan en este proceso y se transformen también en agentes activos no de reclamos o lamentaciones, sino que participando del ejercicio de la buena competencia, de manera de disminuir los costos de aprendizaje y del ensayo y error que consolide lo que las regiones vienen pidiendo hace tiempo. Para ello no deben funcionar solas; deben, como ha sucedido en el mundo de las organizaciones solidarias, comunicarse, asociarse y robustecerse, pues juntas pueden influir ciertamente en la toma de las decisiones que vienen.