Con miles de venezolanos ya instalados en Chile, nos hemos ido acostumbrando a mirar al país manejado por Nicolás Maduro como uno destinado a un colapso, y que poco se puede hacer desde afuera para mejorar la situación inmediata de su pueblo.

"Estados fallidos" se suele llamar a aquellos países que parecen no tener solución a sus problemas políticos, sociales y económicos. "Estados frágiles" denomina la Fundación para la Paz a aquellas naciones que parecen sentenciadas a que sus instituciones sucumban y donde la sociedad no recibe de parte del gobierno suficiente apoyo para progresar, y su población es reprimida en un medio social conflictivo, con altos niveles de criminalidad. En el ranking 2018, con datos de 2017, Venezuela ha decaído en los doce indicadores que la FFP (por su sigla en inglés) considera para elaborar su estudio, estando entre los tres países del mundo que más han empeorado en el período.

Según la FFP, "Maduro ha llevado a Venezuela a una posición precaria, desde una inflación rampante, impulsada por escasez de alimentos y medicinas, hasta el aumento de la violencia y la impunidad criminal en las calles". El mercado negro está en auge, dice el informe, y "el mal manejo económico, el amiguismo y la corrupción en la élite política y militar solo sirven para empeorar la crisis". La descripción del estilo de Maduro resulta familiar: "Más preocupado de dominar el poder que de gobernar, usa el aparato de seguridad para controlar desde la economía hasta el disenso político". El puntaje de Venezuela en el ámbito de los derechos humanos, según el FFP, es igual al de Myanmar y el de Arabia Saudita, dos países que no destacan por valorar la vida humana. Los indicadores de salud son lamentables, con el rebrote de enfermedades ya erradicadas.

Maduro y su entorno no solo niegan la dramática realidad, sino que también rechazan la ayuda humanitaria, y culpan de la desastrosa situación al "imperialismo", al "bloqueo" y a quien critique su fracasada política socialista. Para ilustrar, bastan cifras de la crisis sanitaria. Aquí van algunos datos de un informe de Human Rights Watch. Cinco mil casos de sarampión, con 64 muertes, entre junio y septiembre de este año. Esa enfermedad se había presentado solo en un caso entre 2008 y 2015. Otra enfermedad que rebrotó fue la difteria, con 200 muertos de 1.200 enfermos confirmados entre julio de 2016 y septiembre de 2018. Mientras, la malaria se disparó de 36 mil casos en 2009 a 406 mil en 2017, según la OMS, y los pacientes con VIH están en riesgo porque el 87% no recibe tratamiento. La mortalidad infantil aumentó 30% en 2016, 65% la maternal.

Es imposible dar ayuda a quien no quiere recibirla, y menos si cualquier colaboración se ve como intervención ilegítima. Pero los venezolanos merecen que la comunidad internacional encuentre rápido una forma de ir en su auxilio. Antes de que la fragilidad de su Estado lo lleve al colapso total.