Señor Director:

Como académicos que trabajamos en temas de infancia en Chile, vemos con preocupación la decisión de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de no financiar el aumento de la subvención para los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias Sename.

Los diputados argumentaron que sería incorrecto aumentar el presupuesto antes de que mejoren los controles de calidad, ya que las residencias podrían estar lucrando con esos recursos.

En base a la evidencia disponible y a nuestra experiencia estudiando la forma en que funcionan las residencias, parece extremadamente improbable que el lucro sea un fenómeno común en ellas. Los casos de posibles irregularidades financieras que se han reportado en la prensa han estado relacionados con programas ambulatorios. Por el contrario, los estudios muestran que en la mayoría de ellos las entidades colaboradoras del Sename deben aportar recursos propios para la mantención de sus residencias.

Los niños en hogares de organizaciones colaboradoras están siendo atendidos a niveles de recursos que no llegan a ser un tercio del nivel óptimo que requerirían, según las estimaciones del Hogar de Cristo. De ese tercio, solo la mitad es aportada por el Estado. Así como el fisco entrega recursos para el adecuado funcionamiento de jardines infantiles y colegios privados sin fines de lucro, también debiera hacerse responsable de los niños que viven en residencias, y no dejar gran parte del financiamiento a cargo de las entidades colaboradoras. El rechazo al aumento del financiamiento solo prolonga el abandono del Estado.

El fisco debe garantizar el bienestar de los niños que viven en residencias. Abandonar el cuidado de estos a la posibilidad de cada institución de reunir fondos en actividades de caridad es altamente contradictorio con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Si bien compartimos la necesidad de una reforma estructural y que no es suficiente con más financiamiento, mantener rehenes los recursos para los niños nos parece una estrategia inaceptable. Esos recursos se necesitan de forma urgente.

Beatriz Aguirre
Facultad de Cs Sociales y Comunicaciones UST

José Tomás Alvarado
Escuela de Filosofía UC

Paula Bedregal
Facultad de Medicina UC

David Bravo
Director Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

Borja Castro Serrano
Trabajo Social, Facultad de Educación y CsSociales, UNAB

Pamela Cajales
Instituto de Ciencias de la Familia, U Andes

Victoria Cuadra
Psicóloga, Facultad de Medicina, Ancora UC

Carmen Dominguez
Facultad de Derecho UC

Manuela García
Escuela Psicología PUCV

Karla Gonzalez
Trabajo Social UC

Olaya Grau
Trabajo Social UC

Liliana Guerra
Subdirectora Escuela Trabajo Social UC

Yesika Herrera
Escuela de Trabajo Social PUCV

Andrés Hojman
Escuela de Gobierno UC

Viviana Hojman
Facultad de Educación UDP

Martha Kluttig
Centro de medición MIDE UC

Carmen Lagos
Psiquiatra infanto-juvenil UC

Cristian Leyton
Investigador principal, Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Claudia Martínez A.
Instituto de Economía UC

Javiera Martinez
Medicina UC

Gianinna Muñoz Arce
Trabajo Social Universidad de Chile

Carolina Muñoz
Directora Escuela Trabajo Social UC

MarigenNarea
Escuela Psicología y Centro Justicia Educacional UC

Xavier Oriel
Facultad de educación y ciencias sociales UNAB

Lorena Pérez
Trabajo social Universidad de Chile

Ruperto Pinochet
Profesor Derecho Civil U de Talca

Tomás Rau
Instituto de Economía UC

Lorena Rivera