Señor Director:

Tanto Hernán Larraín M. como Álvaro Fischer incurren en errores al insistir en que el Estado deba transferir recursos para atención ginecológica u obstétrica a instituciones que se niegan a practicar abortos.

Hay una mala comprensión de la objeción de conciencia por parte de Larraín y una concepción defectuosa del liberalismo por parte de A. Fischer.

La objeción de conciencia es una excepción al deber de obedecer el Derecho, incluso si ello contraría los intereses o puntos de vista individuales (según ya puede leerse en Critón 48-52ª) y de ahí que se la admita muy restrictivamente (v. gr., en el aborto, servicio militar). Por eso H. Larraín comete un serio error cuando presenta la objeción de conciencia como si fuera una obligación facultativa: como si se debiera una cosa, pero se concediera la facultad de cumplir con otra que se designa (sobre la obligación facultativa puede verse el artículo 1505 del Código Civil). No es así.

¡La objeción de conciencia no es una ley a la carta! Es el reconocimiento de que hay razones morales tan hondas que quien las posee estaría dispuesto a arriesgar perjuicio propio para homenajearlas (no parece ser el caso de las instituciones objetoras, a juzgar por el entusiasmo que ponen en seguir contando con recursos públicos para seguir teniendo la oportunidad de honrar sus creencias).

Por eso la objeción de conciencia nada tiene que ver con la autonomía de las sociedades intermedias, ni con el derecho de las asociaciones a recibir subsidios para promover su ideario. De hecho la Iglesia Católica recibe subsidios para promover la objeción; pero de ahí no se sigue que deba recibirlos para tener la ocasión de ejercitarla.

Agrega H. Larraín que a favor de las instituciones objetoras obra todavía una razón de justicia. Esgrime la pobreza de las poblaciones atendidas por los centros objetores como un argumento para permitir los convenios públicos a pesar de la objeción. Este es un argumento indigno de un liberal. La indefensión ajena no debe esgrimirse como una razón para que la propia voluntad prevalezca y se imponga. Eso sí que no.

Álvaro Fischer, por su parte, incurre en tres errores.

El primero es que desconoce que la libertad individual requiere ciertos bienes sociales. Y esos bienes exigen deberes de reciprocidad, al margen de los intereses o puntos de vista individuales. Por eso hay currículum obligatorio (y una comunidad Amish no podría esgrimir sus creencias para, con cargo a rentas generales, omitirlo); por eso no se debe permitir el discurso de odio contra grupos o personas en razón del origen (aunque se crea al mismo tiempo en la libertad de expresión). Sugiero dar un vistazo a Kant ("Metafísica de las costumbres", 231) para recordar que el problema político no solo consiste en cómo asegurar el arbitrio de cada uno, sino hacerlo de manera que la comunidad política pueda existir.

El segundo es que cualquier liberal debiera admitir (también A. Fischer una vez que advierta su error) que las creencias más profundas, aquellas que dividen la cultura pública, deben ser financiadas, prima facie , por quien las adopta, sin trasladar sus costes a terceros y sin difuminarlos entre toda la ciudadanía. Si usted cree que para alcanzar el cielo debe negarse a suprimir el sufrimiento ajeno, allá usted; pero no debe exigir recursos para tener la oportunidad de hacerlo.

El tercer error de Fischer deriva de la mala comprensión de la democracia que su texto deja ver. La democracia no es solo el imperio del mayor número que amenaza al individuo. Es una forma de convivencia que supone que en los asuntos que conciernen a todos -como el currículum mínimo, la educación o los desacuerdos morales relativos a cuestiones comunes- deben esgrimirse razones admisibles bajo reglas adoptadas en condiciones de imparcialidad. Esa, y no el simple número como es obvio, es la razón que obra a favor de la obediencia al Derecho en una democracia y que en todo el Derecho Comparado explica que la objeción de conciencia sea excepcional.

Salvo en Chile, claro, donde los liberales abogan porque sea general y a costa ajena.

Carlos Peña