Las siguientes semanas serán movidas en materia económica. Comienza la discusión de la Ley de Presupuesto, un hito nacional. Sus glosas distribuyen inmensos recursos fiscales. ¿De cuánto estamos hablando? Este año, afírmese, 73.470.000.000 dólares.

Tanta plata abre los apetitos. Todos piden más y nadie quiere menos. Los lobistas se despliegan, la oposición golpea, el oficialismo se defiende, el público se confunde. Cifras, incentivos, resultados, demanda, oferta, poesía, todo vale. Noviembre se transformará en una manifestación de instintos económicos nacionales. Las quejas ante reducciones del presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio así lo anticipan. Para calentar motores, démosles un vistazo.

Partamos con los datos duros. De la lectura del proyecto se concluye que dicha repartición estatal recibe un aumento de 4% en el presupuesto. ¿Detalles? El crecimiento es de 1,3% para su Subsecretaría de las Culturas y las Artes, un 8,5% para el Servicio Nacional del Patrimonio, agregándose además recursos para una nueva subsecretaría (¡sí, otra más!). ¿Dónde está entonces el supuesto "menosprecio" del Estado por el sector?

Nuevamente la lectura del proyecto de ley ofrece pistas. La clave está en la reestructuración de las transferencias directas a privados. Seis conocidas organizaciones sin fines de lucro ven reducidos en un 30% los aportes públicos respecto de 2018. De ahí las "noticias alarmantes". La cultura, se argumenta, "no es ni será un factor de desarrollo". Picándola finita.

Sin embargo, un análisis más mesurado de la situación, quizás desde la denominada "casta sacerdotal de la dictadura del utilitarismo" (economistas para otros), plantea aspectos importantes de la actual asignación de recursos públicos en cultura. Primero, y sin desmerecer sus méritos, llama la atención el privilegio de algunas fundaciones y corporaciones privadas. Disculpen la ignorancia, pero ¿qué las hace tan excepcionales como para asignarles fondos públicos desde la mismísima Ley de Presupuesto? Los quijotes no responden. ¿No existen otras instituciones dispuestas a competir por esos dineros públicos? Probablemente muchas. ¿Y no será eso más justo y eficiente? El punto es tan obvio que la misma ley en cuestión lo recoge: los más de mil millones de pesos de "rebaja" de fondos fiscales no dejan el ministerio, sino que se reasignan a un fondo concursable en el mismo sector para que otras instituciones puedan financiarse. Nada muy lírico, pero de mucho sentido común. Por de pronto, ¿no existe competencia en las culturas y las artes?

Los reclamos iniciales ante las reasignaciones presupuestarias evidencian la preocupante escasez de argumentos económicos en nuestra cultura. Muchos gozan cuando la economía se calla porque está como ausente. Ojalá la cándida comodidad fuese eterna, pero la realidad es otra. A pesar de oírla desde lejos, su voz siempre te toca.

Sergio Urzúa