Asistimos a un cambio de actitud previsible del gobierno de Evo Morales, pero que no por ello deja de ser paradojal.

Luego de años de descalificaciones, pretende borrar de la memoria casi 7 años en que la diplomacia fue guardada en los maletines de abogados extranjeros y en que los más incendiarios epítetos fueron proferidos en contra de Chile, su pueblo y sus autoridades.

Desde el anuncio de la Corte a oír sentencia el próximo 1 de octubre, Bolivia nos invita a un diálogo fraterno sobre la base de lo que resuelva el tribunal, que iniciemos juntos una "nueva era de relaciones".

Al mismo tiempo, todos ellos también se reservan la aspiración boliviana, en caso de un resultado desfavorable para el gobierno de La Paz. Se nos dice que esa aspiración se mantendrá inmarcesible en los corazones bolivianos y en la acción exterior de su Estado, que aspira a territorio chileno. Por otro lado, nuestros vecinos dicen: Chile es respetuoso del Derecho Internacional, y por ello debe cumplir la sentencia. Pero más parece una declaración que solo pretende obligar unilateralmente a Chile, ya que en ningún caso afirman que cumplirían un fallo que les diga que no existe obligación de negociar.

No queremos que haya un error de percepción de los gobernantes bolivianos sobre la voluntad de Chile y la dirección que seguirá teniendo su política exterior. Cuando el Presidente Piñera recuerda que existe un tratado que debe ser cumplido, cuando reafirma que Chile seguirá defendiendo nuestra integridad territorial y que nuestro diálogo con Bolivia tendrá lugar dentro del marco jurídico del Tratado de 1904, está dando una pauta de la posición de Chile frente al fallo de la Corte, declaración que Bolivia debiese tener muy presente.

Ello porque, más allá de lo que el Gobierno de Bolivia pretende hacer creer a su pueblo, luego del fallo, La Paz no estará más cerca del mar. Confiamos en que la Corte va a reconocer la esfera de decisión del Estado de Chile en sus asuntos internacionales, en tanto Estado soberano.

Chile, como todos los Estados del mundo, tiene la prerrogativa de considerar primero sus intereses al relacionarse con países amigos. Afirmar esa facultad simplemente expresa la política del Estado de Chile en sus relaciones con Bolivia, que continuará invariable.

La confianza entre ambos países, como sabe bien el gobierno boliviano, sufrió dos golpes decisivos. Primero, con la adopción de la Constitución de 2009, que perturbó sensiblemente la relación al autoimponerse Bolivia la obligación de reivindicar territorio chileno para una salida al mar; segundo, con el inaceptable ultimátum boliviano en 2011 y la demanda de 2013.

La Constitución boliviana constituye un documento interno de ese país y, en tanto tal, merece respeto como documento político, programático y jurídico interno. Sin embargo, en todo ello que se refiere a la aspiración boliviana, no es oponible a Chile, pero indudablemente afecta el marco político y dificulta la interacción con nuestro país.

En efecto, cada vez que Chile ha estado dispuesto a negociar con Bolivia un régimen favorable, pero no soberano, en algún punto de la costa nacional, el gobierno boliviano no podría considerarlo, al existir un imperativo constitucional.

Luego de años de litigio creemos que Bolivia puede aspirar a volver al mismo marco que tenía en 2011, que no estaba caracterizado por la dilación ni la mala fe de Chile, sino por la claridad de los límites no soberanos de la conversación.

En efecto, la agenda que se había logrado elaborar junto a Bolivia tomaba como referencia un punto de vista constructivo, sin imposiciones, cual era la consideración de elementos factibles, no basados solamente en expectativas de una sola parte. Bolivia desechó ese camino y optó por elevar sus peticiones de tono y contenido. Fue un error histórico, pues reconstruir un tramado bilateral apropiado será una tarea difícil.

Chile es un país orgulloso de su historia y así lo seguiremos siendo después del 1 de octubre. No buscamos reconocimiento, sino seguir trabajando para el desarrollo de nuestro pueblo, respetando las reglas democráticas.

Difícil es pensar que la Corte se aparte de aquello que es el corazón de las relaciones bilaterales, donde se encuentran los tratados, el libre tránsito, un espacio cultural rico y creativo, el comercio bilateral y los proyectos de infraestructura con inversiones en ambos países. El Tratado de 1904 es central en ese marco.

Contrario a lo que pretende justificar el gobierno boliviano, Chile enfrenta este tiempo con la serenidad que da haber sostenido que no se encuentra obligado a iniciar una negociación para ceder territorio.

No hemos tenido que cambiar nuestra historia ni nuestra posición. No hemos tenido dos discursos diferentes, uno ante la Corte y otro ante nuestro pueblo. No tuvimos que renunciar a parte importante de nuestra posición para lograr que la Corte declarara que tenía jurisdicción, como cuando Bolivia reconoció que podría contentarse con una solución práctica que no incluyera soberanía en un sentido tradicional.

Al contrario, Chile siempre ha destacado la relevancia del Tratado de 1904 y la Corte cauteló ese Tratado en su fallo preliminar al eliminar todo contenido territorial de la disputa. La Corte tampoco reconoció, ni lo va a hacer en su fallo final, un supuesto derecho de acceso soberano al mar para Bolivia. Es más, la Corte descartó expresamente en el fallo preliminar que ese fuera el meollo del caso. Pese a esto, Bolivia sigue insistiendo en ello.

Chile, por su parte, mantiene una política de Estado que es apoyada por un amplio consenso político interno y que tiene muy claro el valor del Tratado de 1904, que es nuestro punto de partida. Continuaremos promoviendo un diálogo sin condiciones con Bolivia, destinado a una mayor integración y entendimiento. Pero al mismo tiempo, tenemos pleno derecho a informar claramente que nuestro compromiso con los chilenos es mantener la integridad territorial y que no estamos disponibles para nuevas condiciones ni imposiciones.