Quienes proponen devolver a la Constitución de 1925 su plena vigencia en el Chile de 2018 lo hacen argumentando que la Junta Militar del 11 de septiembre de 1973 arrebató el poder constituyente al pueblo. Creen solucionar así, de un plumazo, un problema históricamente mucho más serio.

Evitan discutir sobre la legitimidad de ejercicio del gobierno de Allende y, por lo tanto, sobre el derecho de rebelión que ejerció la ciudadanía -primero por sí misma mediante la resistencia civil, y después acudiendo a las Fuerzas Armadas- para liberarse de una tiranía en acto.

Olvidan fuentes elementales para trabajar sobre el tema, como son las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Diputados, de la Contraloría General de la República, del Colegio de Abogados, y de profesores de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile.

Allá ellos.

Pero esas fuentes, les gusten o no, dejan muy en claro que el gobierno de Allende se encontraba en una situación de abierta ilegitimidad de ejercicio y que lo que cabe analizar es si, en ese contexto, concurrían los demás requisitos para liberar a Chile de esa opresión mediante el ejercicio del derecho de rebelión.

¿Se cumplía con la exigencia de que la rebelión tuviese una razonable probabilidad de éxito? Por cierto. Las Fuerzas Armadas y de Orden tenían perfecto conocimiento del poderío de fuego de los elementos guerrilleros que apoyaban al gobierno de Allende. Lo que pocos días atrás los comunistas han declarado en cuanto a la operatoria de su aparato militar durante los años 80, corresponde también a la realidad de esas mismas fuerzas 10 años antes.

Como lo declaró el secretario general del PC, Luis Corvalán, "nosotros habíamos creado las Comisiones de Vigilancia del partido, cada una de ellas compuesta por 10 hombres. Observaban una disciplina semi-militar y llegaron a contar con cerca de tres mil miembros en todo el país. Además, disponíamos de los grupos chicos, constituidos por cinco personas cada uno, de una edad compatible con el manejo de las armas y para desempeñarse como buenos combatientes dado el caso. El número de grupos chicos era de 200". Unos 4.000 hombres en total, por lo tanto.

Las Fuerzas Armadas conocían al detalle la magnitud de esos contingentes -así como las de los aparatos militares socialista, del MAPU, de la IC y del MIR- y sabían que podían derrotarlos, a pesar de los intentos de infiltración.

En cuanto a la necesidad de causar mediante la rebelión un daño menor al que se pretendía evitar, el conocimiento que las Fuerzas Armadas tenían de los crímenes perpetrados por el comunismo en todos y cada uno de los países en los que ejercía el poder absoluto las llevó a considerar que era imprescindible actuar. La violación sistemática y generalizada de los derechos humanos con que los marxistas habían atormentado a muchos millones de personas desde 1917 debía ser evitada, aun sabiendo que en la represión quizás se cometerían abusos inaceptables.

Finalmente, ¿era la rebelión militar la única opción para librar a Chile de una tiranía comunista? (Cómo se reirían húngaros o checos de una pregunta como esta.) Por supuesto que no, dirán nuestros contradictores, ya que se iba anunciar un plebiscito el mismo día 11.

Si no fuera muy trágico, sería graciosísimo que alguien sostuviera que Allende y su gente iban a respetar el veredicto mayoritariamente contrario que cualquier consulta popular iba necesariamente a arrojar (acababan de perder las elecciones de marzo: 54,7% para la oposición, 43% para la UP, sin descontar el fraude).

No había más realidad que la retórica castrista: "Patria o muerte, venceremos".