Una de las violaciones a los derechos humanos que más se reprochan al régimen militar es la de haber privado de la nacionalidad a políticos opositores como Orlando Letelier, Anselmo Sule y Volodia Teiltelboim. Para permitirlo, la Junta de Gobierno introdujo en la Constitución de 1925 una causal de pérdida de la nacionalidad consistente en atentar desde el extranjero contra los "intereses esenciales del Estado", aplicable por decreto supremo. Con la llegada de la democracia, estas privaciones fueron ignoradas o dejadas sin efecto. A Orlando Letelier, asesinado vilmente en las calles de Washington, una ley le restauró en forma póstuma su condición de chileno.

Estos hechos nos permiten apreciar que la nacionalidad es un elemento de la identidad de las personas extraordinariamente sensible, y que no puede dejarse entregado al vaivén de las contingencias políticas. Por lo mismo, la reforma de la Constitución de 2005 derogó como causal de pérdida de la nacionalidad la condena por delitos contra los "intereses esenciales y permanentes del Estado". Se afirmó que, además de atentar contra la vinculación de la persona con la nación, se violaba el principio non bis in idem , que impide castigar dos veces por un mismo ilícito.

Esto debiera tomarse en cuenta en estos días, en los que se impulsa un proyecto de ley que priva de la nacionalidad chilena al arzobispo de Santiago y cardenal, Ricardo Ezzati. Es cierto que Ezzati no nació en Chile y que la nacionalidad le fue otorgada por gracia de la ley hace más de 12 años. Pero este hecho, en vez de justificar la moción parlamentaria, la hace más veleidosa; el Congreso no puede jugar concediendo un día la nacionalidad y luego quitándola porque el agraciado no ajustó su comportamiento posterior a lo deseado por una mayoría de diputados y senadores.

Ezzati no solicitó la nacionalidad por ley. Esta fue iniciativa del senador DC Rafael Moreno, aprobada luego por la unanimidad del Congreso y promulgada por Michelle Bachelet. Su extensa y fructífera labor como religioso y educador desde que en 1959 arribara al país le fue entonces ampliamente reconocida. En los informes de comisiones de ese proyecto quedó constancia de sus abnegadas tareas. Mencionamos algunas de las que allí aparecen: siendo rector del Liceo Domingo Savio y de la Escuela Industrial San José de Concepción, promovió la educación para el trabajo; impulsó las escuelas agrícolas de Catemu y de Linares, y los colegios técnicos salesianos de Talca, La Serena y Valparaíso. Nombrado obispo de Valdivia, apoyó iniciativas de formación campesina como los "Huertos orgánicos", destinados a familias de extrema pobreza, y el Centro de Especialización Agrícola de Futrono. Después de otorgada la nacionalidad, integró el Consejo Asesor Presidencial para la Educación convocado luego de la "revolución pingüina" y, ya como obispo de Concepción, sus oficios de mediador permitieron que se levantara la huelga de hambre de presos mapuches durante el primer gobierno de Piñera.

El proyecto de revocación de la nacionalidad no aduce que estos méritos sean falsos ni deniega su valor. Solo invoca gestiones del cardenal relativas a la integración de una comisión vaticana o en contra de sacerdotes de su diócesis, declaraciones que se estiman desafortunadas y una actitud de tolerancia hacia un supuesto encubrimiento de los abusos de menores por personas del clero. Ninguno de estos fundamentos permite afirmar que la revocación sea razonable y justificada.

Se trata de medidas de gobierno eclesiástico o declaraciones pastorales que quedan fuera de la competencia de un Estado aconfesional como el chileno.

En lo referido a los abusos, a quien corresponde pronunciarse es a los tribunales de justicia. Si el Congreso despoja de la nacionalidad a una persona por haber esta cometido hechos ilícitos, estaría asumiendo inconstitucionalmente facultades judiciales. Más aún: vulneraría los tratados de derechos humanos que consagran el derecho a la nacionalidad y disponen que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella.