Ese fue el número de días que Rodrigo Valdés estuvo en Teatinos 120 a la cabeza del Ministerio de Hacienda, el puesto más poderoso del gobierno, descontado el de Presidente de la República. Recientemente, a través del CEP, Valdés emitió un reporte de lo que fueron esos días, con sus luces y sombras. Más allá de sus tecnicismos, su lectura sirve para despejar mitos y para levantar temas que muchas veces se pasan por alto en el fragor que adquiere el debate cotidiano.

Si se confía en la veracidad del reporte, el cual está colmado de evidencias, llaman la atención varias cosas que chocan contra la percepción ordinaria. Sabemos, por ejemplo, que en los últimos años creció el gasto salarial del Estado. ¿Fue acaso un resultado de la expansión del empleo público, como se cree? Solo parcialmente, señala Valdés: la mayor parte de ese incremento obedeció a mejoramientos salariales provocados por la amenaza o realización de paros de servicios altamente sensibles, como el Registro Civil y la Dirección General de Aeronáutica.

Respecto de la reforma tributaria, el informe recuerda algo olvidado: que la misma fue aprobada por la casi unanimidad del Congreso, tras negociaciones que la hicieron aún más complicada de lo que ya era en su versión original, lo que Valdés intentó corregir durante su gestión. Ahora, frente a eventuales modificaciones, hace un llamado a la cautela y sugiere "evaluar en detalle el comportamiento del sistema antes de cambiarlo una vez más". Pensando a futuro, sin embargo, lanza una bomba de profundidad: señala que no ve posible aumentar la recaudación de las empresas, la que incluso podría disminuir, y que donde habría que poner el foco es en el ingreso de las personas, en particular la clase media, cuya tasa de impuesto es la más baja de la OCDE.

En su reporte, Valdés no discute que la reforma laboral redujo la soberanía de los empresarios al elevar el poder de los sindicatos y extender la negociación colectiva, pero advierte que su efecto hay que evaluarlo en relación con un fenómeno que ya estaba en curso y que avanzaba en la misma dirección, como eran los recurrentes fallos "pro trabajadores" de los tribunales de justicia. Por ahora, agrega, no hay una "dislocación de la demanda por trabajo", ante lo cual recomienda monitorear el efecto de la reforma laboral antes de emprender nuevas modificaciones.

En cuanto a la reforma educacional, Valdés recuerda que, a excepción de los cambios de la particular subvencionada, las otras cuatro reformas contaron con la aprobación del actual oficialismo. Anota, de paso, que, contrariamente a lo que parece, la mayor tajada del incremento del gasto público en educación se la llevaron la escolar y parvularia: la superior se llevó solo un tercio, como efecto de la sustitución del gasto de las familias por aportes del Estado vía gratuidad.

Sobre el tema del crecimiento, Valdés ofrece datos contundentes para sostener la tesis según la cual su contracción bajo la administración anterior fue dos tercios efecto del shock provocado por la caída del precio del cobre, el cual significó "perder un monto de recursos cuatro veces mayor que el destinado a enfrentar el terremoto de 2010". Valdés es cautamente optimista sobre el futuro, pero insiste en que no hay balas de plata para recuperar el crecimiento: solo cabe perseverar y profundizar lo que se viene haciendo, ojalá reuniendo amplios consensos sobre aspectos críticos, como pensiones y financiamiento universitario.

Las opiniones sobre los contenidos del reporte Valdés pueden ser diversas, pero no hay duda de que se trata de un ejercicio republicano que todas las autoridades públicas debieran atender e imitar.