Difícil ha de ser para el ciudadano común entender el tedioso debate en torno a la supuesta sequía legislativa de estos meses. Se trata de una discusión que, aunque reveladora de estrategias políticas, resulta finalmente inconducente.

Si bien el Gobierno ha enviado algunos proyectos relevantes al Congreso y reformulado vía indicaciones otros de previa tramitación, es cierto que aún no es presentada la mayoría de aquellas iniciativas que podrían marcar la impronta legislativa del período (reformas tributaria, previsional y de salud, entre otras). Hace algunos días, el ministro de la Segpres anunció el envío de esos proyectos, parte medular de su programa, dentro de una agenda para los próximos tres meses, pero resulta irónico que sea la oposición la que reclame la pronta presentación de iniciativas respecto de cuya orientación tendría en teoría serios reparos.

En ese contexto, la discusión bordea por momentos el sinsentido cuando entran al debate cuestiones casi de índole doméstica, como el número de horas sesionadas por algunas comisiones del Congreso: un intercambio de tan rasante vuelo que termina siendo desconcertante -aparte de inconveniente- ver a las más altas autoridades de la República involucrarse.

Con todo, hay algo de sintomático en la situación. Una oposición cuya principal crítica se refiere a la cantidad -no al contenido- de los proyectos del Ejecutivo, ciertamente, revela problemas respecto de sí misma y de su capacidad de plantearse como alternativa política. Podrá decirse que ha pasado muy poco tiempo desde la última elección y que mal podría pedirse esto último a un sector aún golpeado por esa derrota y desorientado respecto de su propia articulación futura, pero quienes formaron la Nueva Mayoría tampoco dan visos de haber iniciado un proceso previo: el análisis profundo de las causas de ese fracaso. Ejemplos como el crudo estudio de sus flaquezas llevado a cabo por la socialdemocracia alemana luego de su histórico mal resultado electoral del año pasado parecen cuestión exótica para la centroizquierda chilena. La propia insistencia en discutir por el número de proyectos de ley en el Congreso sugiere a su vez un desfase con la realidad de un país que, agotado luego de la experiencia del gobierno pasado y su obsesión por "correr los márgenes" mediante sucesivas reformas "estructurales", abrazó en los comicios de diciembre un regreso a la moderación y la prolijidad en las políticas públicas por sobre cambios traumáticos. En ese contexto, por cierto, una oposición que goza de mayoría en el Legislativo dispone de un no despreciable espacio para, en sintonía con el mensaje de esa elección, participar en la construcción de acuerdos al tiempo que reelabora su propuesta política.

La gestión como prioridad

Si parece inapropiado que el Presidente participe en polémicas menores respecto del trabajo parlamentario -y ello, ciertamente, puede compartirse-, el despliegue de él y su gobierno esta semana en La Araucanía ejemplifica lo que ha mostrado ser la mayor fortaleza de esta administración: un compromiso decidido por mejorar la gestión del Estado y, por esa vía, resolver problemas acuciantes. Acertadamente identificada como cuestión prioritaria la situación de esa región -de prometedoras perspectivas en el pasado y hoy sumida en la postergación y asolada por la violencia- , el Gobierno suma acciones concretas con el objeto de abordarla, desde la conformación de una nueva unidad policial especialmente entrenada hasta la revisión y renegociación de los precios exorbitantes a pagar dentro de la política de compra de tierras. Se suman a ello anuncios de una millonaria inversión pública y de una política para volver a atraer el capital privado a la zona. Todo ello, además, en un estilo de gestión en que, en lugar de ser la autoridad regional quien debe desplazarse a Santiago -como tantas veces tuvo que hacerlo, por ejemplo, el ex intendente Huenchumilla- para intentar sensibilizar al gobierno central, son ahora las autoridades de este último quienes se desplazan para obtener una visión de primera mano.

Ciertamente, la ciudadanía, que hoy valora dicho despliegue, no será menos severa si esos esfuerzos no significan finalmente un mejoramiento para la región y sus problemas. El punto es que el Gobierno parece entender que, lejos de lealtades ideológicas, esa clase media que se ha vuelto columna estructural del país define pragmáticamente sus opciones políticas, favoreciendo a quien demuestre capacidad de resolver sus problemas y hacerse cargo de sus vulnerabilidades. La comprensión de ello, por lo demás, abre también perspectivas para una oposición desorientada al punto de que algunas de sus figuras llegan a avizorar un largo período fuera del poder, con la centroderecha ganando sucesivas elecciones. Ni ese escenario ni el opuesto son hoy cosa decidida. Lo que parece claro es que el mero recuento de proyectos de ley enviados al Congreso no será lo que finalmente inclinará el juicio ciudadano.