Impulsar y defender la inversión privada en la minería es clave para el crecimiento económico, las legítimas oportunidades de bienestar de la población y para la gravitación global de Chile. Para atraer nuevas inversiones, alcanzar sus beneficios y aprovechar las ventajas comparativas que ofrece el país, se requiere estabilidad y solidez en el estatuto jurídico privado de la propiedad minera.

Se trata de inversiones cuantiosas, de larga duración, con rentabilidad en el largo plazo y en proyectos competitivos, existentes también en otros países. Cobre, litio, potasio y hierro molibdeno, por mencionar algunos de los minerales de nuestra economía, están presentes en más cantidad, y hasta con igual y mayor calidad, en otros territorios.

La gestión privada en la minería es indispensable para aprovechar íntegramente su potencial. La estatización ha conducido a agravar la pobreza y el desempleo en otras latitudes, hasta prácticamente hacer desaparecer su explotación. Así sucedió en Zaire y Zambia, otrora grandes productores de cobre. En nuestro caso, la estatización, a comienzos de la década de 1970, derivó en el estancamiento productivo y de las inversiones mineras, con gravísimas pérdidas y determinante retardo para el desarrollo nacional. Tan graves han sido las funestas consecuencias del estatismo en la minería, que naciones que habían optado por esta fórmula se vieron forzadas a la liberalización y a la privatización. Algo parecido se presenta en los hidrocarburos, donde los que promovieron la expropiación, o restringirlos al dominio del sector público, finalmente estuvieron obligados a recurrir a los privados. Argentina, Brasil, México y Noruega son casos recientes. Hasta Arabia Saudita avanza en un proceso de inversión privada en Saudí Aramco, la empresa de mayor valor del mundo, de la que prácticamente depende su subsistencia. No deberían omitirse los efectos de la estatización petrolera en Venezuela, que ha significado reducir la producción a la mitad y desaprovechar una de las reservas más grandes del planeta, contribuyendo, de paso, a sustentar un régimen contrario a la democracia.

El estatuto minero en Chile, al entregar a la justicia la adjudicación de la propiedad minera, alejó la interferencia de los gobiernos en la titularidad de los derechos de los particulares y, con ello, los riesgos de corrupción oficial y de los aportes empresariales a campañas políticas. La excepcional situación jurídica, estatista y de titularidad temporal del litio, a juicio de algunos, podría crear condiciones favorables para conductas y lazos irregulares con dirigentes e influencias políticas, incidentales en su concesión y renovación.

El amplio universo de participantes en la minería privada, sus empresarios y dirigentes gremiales no pueden permanecer ajenos a la defensa de su rubro. Algunos dirigentes políticos, aunque sean de reducida representatividad, promotores de anacrónicas y fracasadas ideologías -creyendo, equivocadamente, que sus amenazas les permitirán recuperar electorado- pretenden amagar, dañar y desprestigiar a una actividad de trascendental interés nacional.