El Presidente Piñera ha puesto como eje de la gestión medioambiental del Gobierno el fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Coherente con este objetivo, la reforma que ingresará a tramitación en los próximos días propone crear tres macrozonas para efectos de la decisión de evaluación de proyectos de inversión. Es evidente que los problemas medioambientales no tienen necesariamente correspondencia con la división política administrativa del territorio. Son muchos los países que ya no conciben abordar las consecuencias del cambio climático y de la contaminación, por ejemplo, si no es por macrozonas o cuencas, y no por ciudades, comunas o regiones administrativas.

Del mismo modo, si queremos evaluar de mejor manera los efectos acumulativos de los proyectos que se realicen en un ecosistema determinado, las evaluaciones por macrozonas resultan fundamentales. Es un desafío técnicamente complejo, pero necesario. Por ejemplo, en materia de extracción de aguas de una cuenca, un proyecto puntual puede presentar un monto de extracción por sí solo sustentable, pero que considerado en su conjunto resulta ser lo que algunos han descrito como la "gota que secó el vaso". Por tanto, incorporar estos criterios para definir el área geográfica de decisión del SEIA parece razonable. Es así que en la reforma se crean tres Comisiones Macrozonales, coincidentes con los problemas medioambientales más que con la división político-administrativa del país.

La reforma al SEIA, aparte de buscar su fortalecimiento como instrumento de protección ambiental, persigue dos objetivos adicionales.

El primero es mejorar y ampliar las instancias de participación ciudadana. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) deberán someterse a una etapa de participación ciudadana previa a su ingreso al SEIA, la que tendrá por objeto generar un diálogo temprano entre la comunidad y el titular con la finalidad de alcanzar términos de referencia ambientales, que servirán de base para la generación y presentación del futuro EIA. De esta manera, las comunidades podrán conocer los proyectos desde antes de su ingreso al sistema, disminuyendo las desconfianzas y pudiendo influir en el diseño de los mismos.

El segundo objetivo es dar mayores niveles de certeza jurídica, tanto a las comunidades como a los titulares de los proyectos. Hoy pueden pasar años sin que se sepa si un proyecto se va a rechazar definitivamente o se va a poder realizar. Un buen proceso de evaluación de impacto ambiental es aquel en que el "no" sea temprano y el "sí" sea definitivo. Esto implica mejorar los estándares de calidad de los procesos y optimizar los tiempos asociados. Son muchas las medidas que se proponen en esta materia; por ejemplo, para señalar solo algunas, ventanilla única para permisos ambientales sectoriales que serán otorgados a través del SEIA, mediante la Resolución de Calificación Ambiental favorable que así lo disponga, quedando exentos de toda otra tramitación sectorial posterior; las consultas de pertinencias se reconocen a nivel legal y se establece que serán vinculantes para la Superintendencia del Medio Ambiente, y la propuesta de suprimir el Comité de Ministros, que tiene como objetivo eliminar la doble revisión administrativa que hoy día existe. Esta doble revisión no ha evitado que, en definitiva, todo termine en los tribunales ambientales, alargando innecesariamente los procesos e introduciendo faltas de certeza a la comunidad, organizaciones ciudadanas y titulares de los proyectos.

La modificación de la legislación ambiental requiere acuerdo transversal. No solo por los altos quórums que algunas de sus normas tienen, sino especialmente porque su estabilidad en el tiempo y su legitimidad así lo requieren. Impulsaremos un diálogo en el Congreso que nos permita enriquecer nuestra propuesta con el aporte de las distintas bancadas parlamentarias, organizaciones civiles, gremios y expertos.

Sin embargo, este trabajo participativo e integrador tiene que asumir que el eje de la reforma impulsada es fortalecer al SEIA como instrumento de protección ambiental y ese eje será inalterable. La única manera de sacar adelante, en tiempo y forma, un proyecto de inversión en Chile, es que este cumpla, desde el inicio, con las normas ambientales y con los altos estándares en materia de protección ambiental que hoy exige la comunidad.

Marcela Cubillos Sigall
Ministra del Medio Ambiente