Aparte del natural dolor por la muerte de una persona, el colapso del puente Cancura ha provocado indignación en la ciudadanía. Es razonable, pues el público demanda y confía en que las obras de infraestructura, que son financiadas con sus impuestos -o con sus pagos directos, en el caso de las concesiones-, cumplan con estándares altos. Sin embargo, algo parece ocurrir con este tipo de pasos viales, que cada cierto tiempo dan pie a noticias lamentables. Así fue en 1994, cuando el colapso de un terraplén sobre el estero Minte, en la Región de Los Lagos, significó la muerte de 27 personas. Una década después, la falla del puente Loncomilla, en la Región del Maule, dejó a 10 personas heridas. Es a esos casos a los que ahora se suma el del Cancura, también en Los Lagos.

La investigación apenas comienza. Sin embargo, los vecinos señalan como causa de los problemas del puente la extracción ilegal de áridos cerca de sus cepas, lo que les quitó sustento a estas y debilitó la estructura. Ante las quejas y denuncias -y luego de un estudio-, las anteriores autoridades del Ministerio de Obras Públicas contrataron a una empresa de ingeniería para reparar las cepas dañadas. Con el fin de realizar las obras, se desvió el curso del río, de manera que todo su flujo, en lugar de distribuirse en el cauce, pasó íntegramente bajo la sección del puente que se suponía en buen estado. Fue en ese tramo donde colapsó la cepa ahora sometida a la presión de todo el río, produciéndose el derrumbe de la losa.

Cabe recordar que el colapso del Loncomilla también se produjo cuando la estructura era objeto de reparaciones. La coincidencia sugeriría que los procedimientos de las empresas que contrata el MOP para estas tareas son deficientes, o que simplemente las obras se encargan cuando ya la estructura se encuentra próxima a colapsar, por lo que debería determinarse el cese total del tráfico durante el período de trabajos, lo que hubiera evitado los accidentes. Es además preocupante que estos hechos se repitan. Ello parece indicar deficiencias en los protocolos de revisión de estructuras del ministerio. Probablemente, los contribuyentes estarían dispuestos a sacrificar la realización de algunas obras menores, a cambio de que el MOP dedique más recursos a revisiones permanentes y continuas del estado de la infraestructura, de manera de prevenir estas tragedias.

Por cierto, si a los casos anteriores se agrega el del Cau Cau, puede concluirse que existe un problema reiterado con los puentes. Debería tal vez pensarse en reestructurar el Departamento de Puentes del MOP, responsable último del diseño, construcción y conservación de estas estructuras. Un estudio independiente podría determinar si sus procedimientos son los adecuados, si es necesario reforzar su personal y si efectivamente esta instancia tiene la capacidad de retener a sus mejores profesionales, dados los salarios que paga el Estado a tales cargos. La reputación de la ingeniería nacional -de sólido prestigio en áreas como el diseño antisísmico- se ve deteriorada con esta seguidilla de casos. Más importante aún, la ciudadanía no puede verse expuesta a los peligros que suponen puentes en mal estado.