América Latina es una de las regiones del mundo de menor crecimiento en los años recientes: desde el término del superciclo de las materias primas, en 2013, la región crece, en promedio, un 0,9% anual, mientras el mundo llega a un 3,6% y las economías emergentes, a un 4,6%. Esta situación está dejando al descubierto nuestras debilidades estructurales, lo que no es un fenómeno nuevo. De hecho, la participación de la región en el producto mundial se ha reducido desde alrededor de un 14% en 1960, a un 7% en la actualidad.

Si tomamos las últimas ocho décadas, es claro que América Latina ha seguido dos estrategias de crecimiento bien diferenciadas. Primero, la sustitución de importaciones, un período que abarca desde la Gran Depresión de los 30, hasta la crisis de la deuda en los 80. Luego, la apertura al exterior y la explotación de las ventajas comparativas, una etapa que ha estado vigente desde las reformas de comienzos de los 90 hasta nuestros días.

Si bien ambas estrategias han tenido resultados muy disímiles, las dos observan una trayectoria similar: luego de un período inicial de alto crecimiento, sigue a este una marcada declinación. Entonces surge natural una pregunta de fondo: ¿Son las debilidades internas de estas economías las que explican efectos similares en períodos tan distintos? Veamos.

En la década de los 60, cuando el modelo de sustitución de importaciones comenzó a mostrar señales de agotamiento, reflejado en un creciente rezago en la productividad y la consiguiente ampliación de la brecha tecnológica con los centros avanzados del mundo, la disyuntiva clave del desarrollo se dio entre generar nuevos aprendizajes (como estaba ocurriendo en Corea y Taiwán) o recurrir a la ayuda de los gobiernos, solicitando una creciente protección y mayores subsidios para la industria local. El desenlace es conocido.

A fines de los 90, cuando se detienen las entradas de capitales por la crisis asiática, varios países de la región, incluyendo Chile, iniciaron un trabajo sistemático para generar una diversificación productiva. El objetivo apuntaba a insertar a América Latina en la nueva fase de la globalización, basada en el uso de las tecnologías de la información para la construcción de cadenas de valor, más que en las ventajas comparativas. Si bien este esfuerzo quedó truncado con la llegada del superciclo de las materias primas, a mediados de 2013, volvió a aparecer la misma disyuntiva clave del desarrollo: adaptarse a las tendencias de la economía mundial o permanecer con una estructura productiva que genera bajo crecimiento.

Ambos episodios dejan en evidencia un denominador común: el déficit en las capacidades de coordinación interna de los países. En contextos tan distintos, tanto el Estado como el sector privado y las universidades han seguido sus propios caminos, desconectados unos de otros, desaprovechando las oportunidades que se generan al coordinar esfuerzos y que permiten participar en mercados más avanzados, en términos de productividad e ingreso. Esta incapacidad de conectar estrategias en torno a un equilibrio colaborativo hace que las acciones puntuales del Estado sean inútiles y que los países queden entrampados en una trayectoria de bajo crecimiento.

La experiencia demuestra que las estrategias que resultan de un proceso de coordinación efectiva son superiores, porque se alimentan de mucho mejor información y conocimientos valiosos que los que puede reunir el Estado en forma aislada, aun recurriendo a los expertos. Además, su impacto se beneficia de la retroalimentación de múltiples acciones e inversiones complementarias que siguen el gobierno, las empresas y las universidades. Al mismo tiempo, estos procesos permiten un aprendizaje enormemente más fructífero que los que puede organizar el Estado por sí solo. En definitiva, es el beneficio que genera un trabajo mano a mano entre el sector público y el privado.

Si en el período de sustitución de importaciones el obstáculo para esta coordinación fue la excesiva influencia de los intereses particulares, en la fase de las ventajas comparativas ha sido la desconfianza de los actores y la debilidad del Estado para desempeñar un rol articulador. En consecuencia, el principal desafío de la región sigue más vigente que nunca: fortalecer las capacidades de coordinación no solo de los gobiernos, también del resto de los actores que tienen relevancia en el desarrollo productivo de los países.

En síntesis, la misma disyuntiva clave del desarrollo se ha presentado una y otra vez. Mientras los países no generen capacidades de coordinación interna, el desenlace será el mismo. De ahí la necesidad de que los grupos dirigentes de los países de América Latina reflexionen sobre esta debilidad estructural y avancen en la construcción de entornos de colaboración que permitan resultados que serían imposibles en cualquier otro escenario.