Daniel Inostroza G.

El 23 de abril pasado, el Ministerio del Interior, por mandato del Presidente Sebastián Piñera, comenzó el proceso de regularización migratoria que busca "ordenar la casa", según el Mandatario. El Gobierno estimó que 1 millón 119 mil extranjeros residen en el país, de los cuales 300 mil estarían en situación irregular, por lo cual deberían acudir a inscribirse.

Una de las promesas del Presidente fue que todos quienes quisieran quedarse, que no tuvieran antecedentes penales en su país de origen o no estén cumpliendo alguna condena en Chile podrían hacerlo, pero regularizando su situación migratoria, para recibir una visa, comenta el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

"La otra cara de la moneda", agrega, "apunta a expulsar a quienes tienen antecedentes". Ese proceso ya está en marcha y según el subsecretario, "producto de todo este esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior con la PDI, vamos a pasar las dos mil expulsiones este año. Esa es una señal clara e inequívoca de que nos tomamos en serio el concepto de ordenar la casa".

Tres fases

El proceso de expulsiones se llevará a cabo en etapas. La primera, consiste en identificar a los extranjeros que ya cumplieron su condena en Chile y, por ley, deben ser expulsados. Lo mismo se está haciendo con aquellos que están cumpliendo una pena en el país, de tal manera que cuando la terminen, inmediatamente sean deportados.

Lo anterior, requiere de la coordinación de Gendarmería, el Departamento de Extranjería (DEM) del Ministerio de Interior y la PDI "porque lo que ocurre hoy es que quienes cumplen su condena quedan libres en el país, cuando debieran ser expulsados", afirma el subsecretario.

La segunda etapa se enfocará en aquellos extranjeros que son infractores de la ley migratoria porque están en el país en situación irregular, pero no tienen antecedentes penales. Son casos en que las autoridades chilenas exigieron que abandonen el país, pero estos realizaron distintas apelaciones administrativas o judiciales, representados por organizaciones no gubernamentales que los apoyan.

Actualmente hay 400 casos en la situación anterior, y su expulsión está en proceso.

Y la tercera fase comenzará a partir del 23 de julio -un día después del cierre de la inscripción en el proceso de regularización migratoria- con aquellos extranjeros que no se registraron dentro del plazo.

Sobre esto último, Ubilla dice que "se asume que quienes no se inscriban es porque probablemente tienen antecedentes penales". A ellos se les buscará para deportarlos.

Ya hay deportados

La primera etapa comenzó el viernes con el envío a su país de origen de 59 peruanos y bolivianos condenados por tráfico de drogas o robo con intimidación. Ellos son parte de un grupo de 194 extranjeros que serán expulsados de Chile antes del 31 de agosto porque ya cumplieron condena.

En el caso de infractores a la ley de países fronterizos (Perú, Bolivia y Argentina), estas expulsiones se concretan vía terrestre, en la respectiva frontera. Pero en el caso de países que no colindan con Chile, como Colombia o Ecuador, el proceso se realiza por vía aérea y debe cumplir estrictos protocolos internacionales, por lo que demora más tiempo. Por ejemplo, las aerolíneas solo trasladan a dos expulsados por vuelo, acompañados cada uno por dos oficiales de la PDI, institución a cargo de esta labor.

Ubilla recalca que "no hay antecedentes objetivos que indiquen que los extranjeros delinquen más que los chilenos", pero concluye que "nadie quiere tener extranjeros delincuentes".



El flujo de información es bueno con Colombia y Ecuador, pero se dificulta en el caso haitiano
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explica que hay países que tienen mayor robustez en cuanto a la información que entregan y sus sistemas, con registros en línea, muy parecidos a los chilenos, como Ecuador o Colombia. Con ellos, afirma, es fácil obtener los certificados de antecedentes de sus connacionales residentes en Chile, ya sea para darles una eventual visa, o para identificar a quienes tienen causas pendientes con la justicia.

Con otros, en cambio, el flujo de datos es más complejo. "Hay países más débiles en sus sistemas y tecnología, como Haití. Eso se ve caso a caso", comenta Ubilla.

Respecto de los desafíos de la institución para enfrentar este proceso, destaca que "hoy cuenta con un equipo grande y capacitado de oficiales dedicados al tema migratorio en todo el país, en aduanas, aeropuertos, en los puertos, etcétera".

Pero hay pendientes: "El plan estratégico de la PDI considera tecnificar su gestión con mejor tecnología. Hemos discutido eso con Estados Unidos por la Visa Waiver, sobre la tecnología de identificación en los aeropuertos, como el registro de reconocimiento facial, que debiera ser el mecanismo que disponga la PDI". Uno de los inconvenientes es el costo de estos sistemas más modernos.