Cuando Donald Trump quiere enviar un mensaje, no necesita ni de su equipo de prensa ni de los grandes medios de comunicación. Simplemente envía un tuit. Muchas veces deja tambaleándose tanto a sus "enemigos" como a sus asesores.
Ese tipo de mensajes es todo un desafío para los medios de comunicación tradicionales. No basta con haberse subido a la red, tener sus páginas web o que estén más o menos integrados digitalmente. Hoy, el reto es mayúsculo. Cualquier ciudadano es un reportero y los políticos se comunican directamente con sus audiencias.
No cabe duda de que es un triunfo de la libertad de expresión y del "empoderamiento" ciudadano. Pero la otra cara de esa moneda es la manipulación de informaciones y el auge de las "noticias falsas" con motivaciones políticas que circulan en la web. Estas están en el centro del debate sobre los efectos que pueden tener en los sistemas políticos y en la estabilidad de las democracias. No se trata de casos hipotéticos, habrían afectado las elecciones norteamericanas y francesas, y el Brexit.
Los dardos apuntan a los servicios de seguridad rusos, con su ejército de cibernautas dispuestos a plantar mensajes falsos o robar informaciones privadas. Ahí está la investigación de la "trama rusa" que sigue el fiscal Mueller en Estados Unidos, tan denostado por Trump, quien lo acaba de llamar -en un tuit, por supuesto- "malhumorado demócrata... que trabaja en la cacería de brujas rusas". Una fake news en sí misma, pues el fiscal es republicano.
Esto de las "noticias falsas" o desinformación, más correctamente, siempre ha existido, pero en la red adquiere otra dimensión, y por eso algunos gobiernos tratan de establecer reglas para que las plataformas tipo Google o Facebook controlen los mensajes.
¿Se deben regular los contenidos de la red para evitar la falsificación de noticias, aun a riesgo de coartar la libre expresión? Este es el gran debate actual, y cobra mayor sentido cuando se sabe que los regímenes autoritarios -sea Venezuela o Turquía- se aprovechan del repudio a la desinformación para desprestigiar a la prensa independiente, sancionar medios y encarcelar periodistas.
La Unión Europea desistió hace poco de elaborar regulaciones vinculantes, precisamente por ese motivo, pero instó a las empresas a hacer sus propios códigos de buenas prácticas, disminuir las ganancias de los productores de noticias mentirosas e "intensificar los esfuerzos para cerrar la cuentas falsas". Además, apoyarán organizaciones de chequeos de datos. En julio estaría listo un código de prácticas para la desinformación, y si las empresas no tienen "resultados cuantificables" para octubre, la UE elaboraría reglas para controlar contenidos.
¿Bastará con los códigos de buenas prácticas? ¿Será conveniente dejar que las empresas decidan qué contenidos circulan? ¿Sirve el chequeo de datos para terminar con las mentiras en la red?
Con sus altos estándares, el periodismo de calidad contrarresta la suspicacia con que se leen informaciones que circulan en la red.