En Chile hay 346 comunas regidas por un alcalde y un Concejo. El gobierno central del país, así como los gobiernos regionales, tienen gran importancia para los ciudadanos, pero estos no los sienten tan próximos como les ocurre con los gobiernos comunales, con las políticas que estos adoptan, con los servicios que proveen y con la gestión que realizan.

La calidad de la vida cotidiana de las personas depende en buena medida de lo que hagan o no sus municipios, de la idoneidad y empeño de sus autoridades, y de la transparencia e integridad que estas muestren en el desempeño de sus funciones. Pertenecemos a un país, también a una determinada región, incluso a una provincia, pero nuestra vida de todos los días transcurre en un barrio, en una ciudad, y el estado en que estén aquel y esta es determinante para el bienestar de las personas.

Los municipios tienen autoridades que deben responder ante los ciudadanos, pero las cuentas públicas de los alcaldes brillan por su ausencia, y me refiero a cuentas reales, periódicas, exhaustivas, y no a discursos complacientes en los que abundan las palabras y escasean las cifras, especialmente sobre endeudamiento. Preocupados más de los medios que de los fines -y me refiero a los medios de comunicación-, los jefes comunales los citan hasta para las ceremonias públicas más irrelevantes, y es un secreto a voces que algunos de ellos retribuyen favores periodísticos con publicidad municipal en los medios y con atenciones personales a profesionales que pasan a comportarse como relacionadores públicos de las autoridades que los agasajan.

Por su parte, senadores y diputados del mismo sector político de los alcaldes, que atendida su habitual mayor experiencia podrían colaborar con la buena y transparente gestión de ellos, prefieren aparecer solo cuando hay algún corte de cinta y empinarse detrás de la autoridad municipal que hace uso de la palabra ante las cámaras para aparecer esa noche en el noticiario local. Esos parlamentarios comparten electores con los alcaldes, cuando no los mismos operadores políticos que financian los municipios para trabajar no por la comuna, sino por la próxima reelección de sus autoridades, y esa es la razón por la que se inhiben de toda crítica a los alcaldes y miran para el lado ante los desatinos o irregularidades de estos. Aquellos operadores políticos, por su lado, organizan salidas a terreno de alcaldes y concejales en las que muchas veces de lo que se trata es de agasajar ahora a votantes fieles que están de cumpleaños o tienen algún otro tipo de celebración personal, familiar o deportiva. Y en cuanto a los concejales, no es infrecuente que usen sus cargos para realizar o facilitar negocios en interés propio y de terceros que les son afines, sin importarles el daño que puedan estar haciendo a la ciudad que dicen representar.

En los últimos tres años se ha avanzado en mejorar nuestra legislación a favor de una mayor transparencia de los organismos del Estado y del control de malas prácticas, pero nada se ha hecho aún a nivel de los gobiernos municipales, como si en estos el tráfico de influencias, los conflictos de interés y la corrupción constituyeran fenómenos completamente desacostumbrados. Los alcaldes concentran gran poder y una inusual discrecionalidad en el ejercicio de este y en la ejecución de a veces cuantiosos presupuestos, lo que les permite practicar una suerte de presidencialismo (caudillismo) comunal que no encuentra suficiente contrapeso en las menguadas atribuciones de los Concejos ni en un personal directivo que no tiene más estabilidad laboral que la que le permiten los jefes comunales, y que, beneficiado a veces hasta el doble de sus sueldos con discutibles viáticos y horas extraordinarias, carecen de toda independencia para plantar cara a alcaldes ineficientes o que incurren en malas prácticas. La Contraloría carece de personal suficiente, en número y calificaciones, como para inspeccionar eficazmente a todos los municipios y fiscalizar los estándares de probidad y buena administración que estos deberían respetar.

Todos tienen alguna expectativa en el mensaje presidencial de hoy. Las mías son varias, aunque me bastaría con el anuncio de una moderna legislación municipal que garantizara una más limpia y transparente democracia comunal, y -ya en otro asunto- que la ley del cobre, luego de perder su carácter reservado en 2016, pasara pronto a la condición de derogada.