Celebro sin ambages la Agenda de Equidad de Género que presentó el Presidente Piñera la semana pasada. La celebro primero por su oportunidad, ya que se hace cargo de una demanda de la sociedad civil que en los últimos días ha alcanzado una inusitada e imprevista magnitud. La celebro en seguida por la forma en que se presentó, convocando a La Moneda a figuras de gobierno y oposición, mujeres y hombres. La celebro, en fin, por sus contenidos: la agenda en cuestión toma las banderas del movimiento contra el abuso y el acoso y lo lleva más allá, incorporando materias que podrían tener efectos profundos, como la plena igualdad para administrar el patrimonio de la sociedad conyugal y los bienes propios, las normas para facilitar el cobro de las pensiones alimenticias, más una serie de medidas dirigidas a mejorar la integración de la mujer (en especial de la mujer madre) al mercado de trabajo y a la vida colectiva en general.

Tratándose de un gobierno declaradamente de centroderecha, hay dos anuncios que llaman especialmente la atención. Uno es la reforma del artículo 1 de la Constitución, con la finalidad de "establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres".

A raíz del debate constitucional promovido por el gobierno anterior, se ha argüido abundantemente contra el llamado "enfoque de derechos". Se lo acusa de recargar la Ley Fundamental con obligaciones que el Estado difícilmente puede hacer cumplir, y también, de interferir en materias que debieran dejarse sometidas exclusivamente a la relación de los agentes en el campo económico. Las fuerzas políticas que hoy ejercen el gobierno adhirieron mayoritariamente a esta postura, lo que justificó su oposición al tipo de reformas surgidas del proceso constituyente. De ahí entonces que resulte sorprendente que ahora el Presidente Piñera, en representación de esas mismas fuerzas, proclame instaurar la promoción de la equidad de género como una de las obligaciones primordiales del Estado.

Lo mismo ocurre con otro compromiso presidencial: impulsar "una reforma al sistema de salud privada, para terminar con las diferencias injustificadas de precios de planes de salud que perjudican a las mujeres, y muy especialmente a las que están en edad fértil", lo cual implica hacer que el principio de la solidaridad (en este caso intergénero) se imponga sobre el valor de mercado.

En efecto, tal anuncio debiera conducir a fijar por ley una transferencia de recursos desde los hombres a las mujeres, toda vez que el costo económico de los planes de los hombres es mayor que el de las mujeres: si no fuera así (si se cargara, por ejemplo, enteramente a cuenta de las isapres) no se explicaría por qué el anuncio se incluye en la Agenda de Equidad de Género. Lo cual plantea una primera pregunta: si se adopta este principio en materia de la salud, ¿por qué no se hace otro tanto en el campo previsional -como lo propuso tímidamente el proyecto de Rodrigo Valdés-, donde el sistema de cotización individual ha conducido a una severa asimetría entre lo que reciben las mujeres respecto de los hombres? A lo que se podría agregar una segunda pregunta: si esto se hace respecto de la mujer, ¿por qué no hacerlo también con otros grupos discriminados?

No me opongo a lo anunciado por el Presidente Piñera en La Moneda: al contrario, insisto, lo celebro. Solo quiero subrayar que algunos de sus compromisos son bombas de profundidad que remecen los cimientos del paradigma y del discurso tradicional de la derecha chilena, lo que por cierto también celebro.