No es prudente emitir una opinión sobre un caso que está en los tribunales. Hay presunción de inocencia hasta que los cargos estén probados y la sentencia, a firme.

Pero la situación en Brasil es de tal magnitud que se puede aventurar que las cosas no van a salir bien para los políticos del Partido de los Trabajadores ya condenados y otros que son investigados por jueces y fiscales que indagan en las redes de sobornos y financiamiento irregular de campañas.

Hace unos días, vino a Chile la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, ferviente partidaria de Lula da Silva, ella misma acusada de recibir platas ilegales de la constructora Odebrecht, quien hizo una cerrada defensa de la inocencia del ex Presidente y de su nueva candidatura, porque "personalidades como él no surgen todos los días; son excepciones históricas".

Más allá de la validez de esa apreciación, es llamativo que venga a Santiago, en el marco de un homenaje a Michelle Bachelet, promoviendo una campaña para sacar de la cárcel a Lula, quien fue condenado a doce años por haber supuestamente recibido un soborno de la constructora OAS (la misma del avión de ME-O), por lo que estaría inhabilitado por la justicia como candidato, pero cuya postulación debe decidirla el ente electoral al momento de la inscripción.

En Chile, Da Silva tiene muchos amigos en la izquierda; varios desplegaron un lienzo que decía "Todos somos Lula". Los mal pensados creen que es porque los ayudó a financiar sus campañas. Eso no está probado, pero lo cierto es que esas mismas empresas han estado en el ojo del huracán en varios países de la región. En Perú, el escándalo derribó al Presidente Kuczynski. Por lo demás, Lula siempre afirmó que las compañías brasileñas eran parte de su política exterior. Y ahora los fiscales acusan al ex líder sindical de haber firmado convenios con otros países, Angola específicamente, al que le garantizaba una línea de crédito especial del BNDES de mil millones de dólares, para comprar productos brasileños, y cuya beneficiaria era Odebrecht, la que a cambio entregaría al PT 40 millones de dólares (una parte de los cuales habría recibido Gleisi).

Lula es muy popular, quién podría negarlo. Es considerado un gran Presidente que sacó a millones de personas de la pobreza. Pero complica pensar que con su candidatura, el PT busque torcer la mano de la justicia, movilizando masivamente a sus partidarios, presionando para que los jueces vayan en contra de sus convicciones y dejen las investigaciones de los numerosos escándalos de corrupción que campean en Brasil.

A Lula le quedan todavía dos instancias de apelación en el "caso del tríplex", pero además tiene pendientes otros seis procesos por corrupción pasiva y lavado de dinero que podrían activarse con las "delaciones premiadas" de su ministro estrella, Antonio Palocci, quien también fungió de jefe de gabinete de Dilma Rousseff.

En la complicada situación que vive Brasil, es urgente que los jueces se pronuncien lo antes posible, para evitar enturbiar más el inminente proceso electoral.