En su notable estudio sobre los orígenes del Estado, el sociólogo alemán Franz Oppenheimer, el primer profesor - professor - de sociología en la historia universitaria alemana, señaló que este había surgido como consecuencia del robo que una clase dominante realizaba a otras que eran explotadas violentamente. El Estado sería, según Oppenheimer, "la suma de privilegios y posiciones dominantes que se suceden a partir de poderes extraeconómicos". Los "medios económicos", en tanto, consistirían en el intercambio y la producción voluntaria mientras los extraeconómicos, o "políticos", como los llamó, se basan en el robo o la confiscación violenta. Diversos pueblos, explicó, vivieron en la anarquía, es decir, no tenían un Estado porque "carecían de una organización económica a la que podían subyugar". Todo cambió con los nómadas, que, según Oppenheimer, "inventaron la esclavitud, gestando así la semilla del Estado, el primer caso de explotación del hombre por el hombre".

Si Oppenheimer tiene razón y el origen del Estado es la explotación y el robo, consistiendo hasta hoy, en palabras de Max Weber, en "una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia -considerada- legítima", entonces, ¿cómo se explica la fe casi religiosa con la que este es concebido en la discusión pública y académica?

La divinización del Estado, explica Oppenheimer, se debe al trabajo que realizaron sobre todo los teólogos protestantes en Alemania, para quienes "el Estado se observaba como un instrumento divino y, de hecho, como divinidad inmanente". Este pensamiento derivó en "el culto al Estado", cuya máxima expresión, dice Oppenheimer, se daría en el sistema hegeliano, uno de los más influyentes en la época moderna. La adoración por el Estado, al que, contra toda evidencia, conferimos poderes para resolver innumerables problemas, se debe, entonces, fundamentalmente a una ficción de origen religioso.

¿Qué podemos decir a la luz de lo anterior sobre la moralidad del pago de impuestos? Si el Estado surge de la violencia y explotación de un grupo sobre otro, como argumenta la literatura sociológica, parece haber buenas razones para pensar que los impuestos, en tanto manifestación de esa violencia de la clase dominante, poseen un incuestionable elemento de inmoralidad. A menos que usted considere que las personas no tienen derecho sobre los frutos de su trabajo y que por tanto estos pueden ser legítimamente confiscados por otros, debe concordar con lo anterior.

Ese fue al menos el argumento del profesor de Harvard Robert Nozick, uno de los filósofos políticos más destacados del siglo XX. En su premiado libro, Anarquía, Estado y utopía , Nozick afirmó que "la pregunta fundamental de la filosofía política y que precede a la pregunta sobre cómo debería organizarse el Estado es si debería haber un Estado en lo absoluto". Esto, porque las personas tenemos derechos anteriores al Estado, derechos que impiden el ejercicio de la violencia de unos sobre otros y en consecuencia, el tipo de dominación que implica el Estado.

Luego de profundos análisis de diversos argumentos, Nozick concluyó que "el Estado mínimo es el más extenso que puede ser justificado", pues cualquier otro "viola los derechos de las personas". Un Estado mínimo debía limitarse, para Nozick, esencialmente a proteger derechos personales, de propiedad y contractuales, siendo injusta toda redistribución de riqueza mediante impuestos.

La lógica de Nozick es impecable en este sentido. "Aplicar impuestos a las ganancias del trabajo -escribe- es equivalente al trabajo forzado... tomar 'n' ingresos de la hora de trabajo es equivalente a tomar 'n' horas de la persona", explicó. Si usted, por ejemplo, gana 10 mil dólares por mes trabajando cien horas y debe pagar un 20% en impuestos, es decir 2 mil dólares, entonces le han forzado a trabajar veinte horas. Incluso los que consideran absurda esta tesis, dice Nozick, no estarían de acuerdo en obligar a un grupo de hippies a trabajar forzadamente cinco horas a la semana para satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos. También se opondrían, agrega, a forzar a trabajar sin remuneración a quienes tienen empleo cinco horas más a la semana para suplir las carencias de los necesitados. Es cosa de imaginar una ley que establezca obligatoriamente cinco horas de trabajo "social" gratuito a la semana para entender el punto de Nozick.

Si el argumento anterior tiene siquiera algo de razón, debemos concluir que ese grupo de personas que llamamos Estado tiene la obligación de velar por que los impuestos sean lo más bajo posible, pues el dinero que estos sustraen no es de ellos ni de aquellos que pretenden beneficiar, sino de los pagadores de impuestos que lo han generado con su trabajo y a quienes les ha sido confiscado bajo amenaza.

Lamentablemente, en una cultura dominada por una visión teológica-religiosa del Estado, la idea de que el derecho sobre los frutos del trabajo propio implica un elemento de inmoralidad en el cobro de impuestos es vista como una simple locura.