Por varios meses, la Corte de La Haya dejará en la incertidumbre la demanda de Bolivia para obligarnos a negociar territorio chileno.

Los jueces, esta vez, guardaron silencio durante las audiencias. No lo hicieron en mayo de 2015, en la excepción preliminar de este mismo caso. Entonces, preguntaron al agente boliviano cuál es el momento en que habría nacido la supuesta obligación de negociar el acceso al Pacífico y, luego, sobre el contenido de la soberanía en disputa.

Aún no hay respuesta satisfactoria a esas dos preguntas. Bolivia ha respondido que no hay un "momento mágico", se trata de una "acumulación" de eventos diplomáticos generadores de tal obligación. Chile ha recordado que, conforme al derecho internacional, las obligaciones exigen nacer en un momento preciso, que los eventos aludidos son inconexos, no son vinculantes, tienen objetos diferente (intercambios territoriales, mar, moléculas de gas, aguas del Titicaca) y que no hay evidencias sobre la existencia de esa obligación. Respecto del contenido de la soberanía en discusión, la respuesta ha sido aún más imprecisa: "Desarrollos tecnológicos abren posibilidades que no se consideraron en el pasado. Ambos países cuentan con hábiles abogados, políticos y técnicos capaces de negociar modalidades de acceso soberano".

Hay una tercera pregunta sin respuesta. Millones de chilenos se preguntan: ¿Por que estamos y seguimos en La Haya?

La sola firma del Pacto de Bogotá -que nos obligó a someternos a los jueces de La Haya- no justifica que continuemos subordinados a esa Corte.

Debimos habernos retirado de ese pacto hace tiempo. Las principales y la mayoría de las democracias latinoamericanas no están sometidas a esa Corte. A ninguna se le reprocha no ser partícipe y tampoco de haberse retirado, como lo hiciera Colombia, artífice y sede del Pacto de Bogotá.

El fallo de la Corte de La Haya en el caso de delimitación con Perú y los chantajes de Evo aconsejaban retirarnos. En la demanda marítima peruana, la Corte no aplicó el derecho internacional para determinar la extensión de la soberanía marítima chilena. Sostuvo que había un acuerdo tácito para extenderla por 80 millas. Nadie sabía, no había evidencia ni se había discutido en el juicio semejante acuerdo, que contradice declaraciones y tratados de 200 millas suscritos por Chile, Perú y Ecuador. La Corte ignoró el artículo 38 de su estatuto, el que obliga a sus jueces a "decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas".

Cuando Chile se obligó a concurrir a la Corte de La Haya confiaba en que sus jueces aplicarían el derecho internacional. En esa época nadie imaginaba que Evo Morales, un querulante, "pleitomaníaco", recurriría a La Haya para permanecer indefinidamente en el poder. Lo mismo que el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, con tres juicios con Costa Rica, dos con Colombia y otros con El Salvador y Honduras.

La soberanía de Chile no debería estar en el limbo ni puede estar sujeta a la decisión de los jueces de La Haya.