Ahora que está comenzando una nueva administración, la que tiene como una de sus prioridades retomar un crecimiento alto y sostenido -para así seguir avanzando en mejorar el nivel de vida de los chilenos y, al mismo tiempo, financiar en forma sostenida los bienes públicos y el gasto social que demanda nuestro país-, vamos a dar otra mirada al progreso logrado durante los últimos treinta años y al tipo de reformas que se requiere para retomar la senda del crecimiento, a la luz de las recomendaciones del informe reciente de la OCDE sobre Chile.

Esto es más urgente hoy que hace cuatro años, porque el mediocre crecimiento de los años recientes llevó a un deterioro en la calidad de los empleos, frustró las expectativas de progreso de las clases medias y redujo la capacidad del Estado de recaudar los recursos necesarios para financiar los nuevos compromisos de gasto público, asumidos y por asumir, en las áreas de educación y salud, y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos.

Un crecimiento alto y sostenido, como el experimentado en diversas latitudes durante los últimos 200 años, le ha permitido al mundo lograr mejoras impresionantes en una amplia gama de indicadores de bienestar (Pinker, 2018). En el caso chileno fue justamente el alto crecimiento del período 1986-2013 lo que hizo posible una mejora significativa de una serie de indicadores de bienestar, tales como: la reducción de la mortalidad de los infantes y de los niños; el mayor acceso a agua potable y alcantarillado, a teléfono y electricidad, a bienes de mejor calidad y a precios más bajos; la importante caída de la tasa de pobreza, y la mejora en la distribución del ingreso.

En el proceso, Chile pasó de ser un país con indicadores de bienestar mediocres a nivel regional a uno con los más altos niveles de bienestar de la región. En este período, Chile también avanzó mucho en el acercamiento de su nivel de producto per cápita al de los países avanzados, pasando de un 25,7% respecto del PIB promedio de los países miembros de la OCDE en 1986, a 53,9% en 2016.

La sensación de malestar que ha surgido en el mundo y en Chile en los últimos años no se condice con la evaluación de la situación personal, más bien está relacionada con la proliferación de noticias negativas en la era de la comunicación digital, la cual termina opacando los logros (ver Pinker para evidencia a nivel internacional y el Informe de la Encuesta CEP 2016 para evidencia local).

En los países avanzados, esta sensación también puede estar relacionada con el estancamiento de los ingresos de los grupos medios, asociado a los avances de la inteligencia artificial y la robótica, además de la poca efectividad de los programas para proteger a los desplazados por estas innovaciones. Por otra parte, en Chile, tal sensación puede guardar relación con la baja calidad de los servicios estatales y la percepción de maltrato de los usuarios de estos servicios, los cuales no se condicen con el nivel de desarrollo del país (Un Estado para la Ciudadanía, Informe de la Comisión de Modernización del Estado, CEP2017).

En Chile, el bajo crecimiento de los últimos cuatro años -promedio anual de 1,8%-, el deterioro en la calidad de los empleos, el lento progreso de la calidad de los servicios públicos en general -educación, salud y seguridad interior-, y las bajas pensiones han llevado a las clases medias a demandar mejores oportunidades de empleo, servicios públicos de mejor calidad y pensiones más altas. Para satisfacer estas demandas es urgente retomar un crecimiento alto y sostenido y mejorar la eficiencia, la eficacia y el trato a los ciudadanos del Estado.

La mejora en el entorno externo, unida a las crecientes expectativas económicas, ha impulsado el crecimiento en lo más reciente, pero retomar un crecimiento alto y sostenido es una tarea mucho más difícil, que requiere un salto en la tasa de inversión y productividad.

En esto no hay atajos. Lo que se requiere son políticas procrecimiento y proigualdad de oportunidades, basadas en la evidencia y diseñadas con debida consideración a la investigación científica. Para esto es fundamental remover obstáculos a la inversión y a los aumentos de productividad, y avanzar en la reforma del Estado, para hacerlo más eficiente y eficaz, y mejorar su capacidad para articular e implementar buenas políticas públicas.

El crecimiento sostenible está limitado por el aumento de la oferta, la que, a su vez, está determinada por las expansiones de la fuerza laboral, del stock de capital físico y humano y de la productividad total de factores, esto es, de lo que se puede producir con un monto definido de insumos, gracias a innovaciones y un uso más eficiente de los factores productivos.

En el caso chileno, el crecimiento sostenible de la fuerza laboral está limitado por la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, aunque, en el corto plazo, hay espacio para aumentar la baja tasa de participación laboral de los jóvenes y las mujeres con bajo nivel de capital humano. Por su parte, las oportunidades para aumentar el stock de capital son más amplias y dependen del progreso que se pueda lograr en crear un ambiente más favorable para la inversión.

En los últimos años, la Comisión Nacional de Productividad, así como la Comisión de Productividad de la CPC, los centros de estudios y académicos han estado trabajando en producir recomendaciones de políticas y de cambios institucionales que permitan lograr tasas de crecimiento altas por un tiempo prolongado. Más que repetir las recomendaciones de estos estudios, me voy a referir a las propuestas del Estudio Económico de Chile de la OCDE, publicado en febrero de este año, propuestas que tienen muchos puntos en común con propuestas de estudios anteriores.

Para alcanzar y sostener altas tasas de crecimiento y hacer este crecimiento más inclusivo, el estudio de la OCDE recomienda fortalecer las políticas e instituciones macro, especialmente avanzar hacia la consolidación fiscal, con la creación de un Consejo Fiscal autónomo y con presupuesto propio, encargado de evaluar los ingresos estructurales del gobierno, proyectar en forma independiente los ingresos y los gastos fiscales y evaluar la situación fiscal de mediano plazo, todo ello en forma independiente.

El informe también sugiere establecer objetivos fiscales de mediano plazo, en la misma línea que las propuestas de la Comisión sobre la regla fiscal que me tocó presidir hace unos años, y del informe reciente sobre Reforma del Estado del CEP. Dado el amplio consenso existente y la caída en la clasificación de riesgo de Chile experimentada en el pasado reciente, adoptar estas recomendaciones debería ser prioridad para la administración entrante.

Otras recomendaciones para aumentar el crecimiento de la productividad, de acuerdo al estudio de la OCDE, son:

(1) fortalecer la institucionalidad y la capacidad de la Comisión Nacional de Productividad;

(2) fortalecer la transparencia regulatoria y simplificar los procesos administrativos a que están sometidas las inversiones y las actividades productivas;

(3) mejorar la regulación y la infraestructura de ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones y correos;

(4) promover la inversión en investigación y desarrollo, la que se encuentra limitada por las deficiencias en capital humano de la fuerza de trabajo;

(5) reducir la segmentación del mercado laboral entre un grupo de trabajadores protegido con altas indemnizaciones por años de servicio y otro sin acceso a la seguridad social o protección de su empleo, y también mejorar el acceso al mercado laboral de las mujeres y los jóvenes con bajo nivel de capacitación a través de políticas activas de empleo, y adecuar los programas de educación técnica y capacitación a las necesidades de las empresas.

El Informe de la OCDE también identifica problemas de cobertura y calidad en educación temprana y problemas de calidad en educación básica, media y técnica.

Como se puede apreciar, retomar altas tasas de crecimiento en forma sostenida va mucho más allá de la mejora en el entorno externo (mayor crecimiento mundial y mejores términos de intercambio) y crecientes expectativas económicas. Se requiere actuar en diferentes frentes para mejorar el capital humano, remover frenos al crecimiento de la inversión y facilitar los aumentos de productividad.

Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, de la Comisión de la CPC y del estudio reciente de la OCDE coinciden en una serie de reformas que es necesario abordar para avanzar en esta dirección. Ya hay suficientes diagnósticos. Ahora ha llegado el momento de actuar. La nueva administración tiene un importante desafío de avanzar decididamente en las direcciones sugeridas.