En una semana más asume el nuevo gobierno y, como todos al asumir, enfrenta el desafío de estar a la altura de las esperanzas de quienes lo respaldaron. En esta ocasión el desafío es mayor. El vuelco favorable en las expectativas económicas fue muy relevante desde el momento en que se percibió que el actual Presidente electo triunfaría. Al concretarse definitivamente con el resultado de las elecciones, ese giro en las expectativas se consolidó y se hizo aún más profundo.

La economía está dando signos de salir del estancamiento en que la sumió el gobierno saliente, favorecida por el mejor ánimo de emprendedores, trabajadores y consumidores. Si desde su inicio la nueva administración da muestras claras de querer revertir el desfavorable ambiente para el progreso creado estos últimos años, este proceso de mejoría se acelerará, dando origen a un círculo virtuoso.

Si por el contrario, no muestra claridad y decisión en su actuar, este impulso se revertirá y le será aún más difícil relanzar a Chile al desarrollo.

La economía mundial sigue dando muestras de fortaleza. Este trimestre el crecimiento superará el 4% a precios de paridad de compra. Si bien hemos visto caídas importantes de los valores bursátiles y una mayor volatilidad, estos siguen muy superiores a los existentes doce meses atrás. Estas reacciones reflejan la incógnita sobre cómo las autoridades monetarias administrarán el paso desde medidas expansivas y bajas tasas hacia una fase de mayor normalidad.

El Pagaré del Tesoro Americano a 10 años ha bordeado el 3% de interés anual, más de medio punto que hace un año. Las recientes declaraciones del nuevo presidente de la Reserva Federal indican que la FED entró en una etapa de normalización y el mercado visualiza hasta cuatro alzas de sus tasas para este año. Pero más allá de estas incertidumbres, que siempre ocurren en la vida real, el ambiente externo continuará favorable para la economía chilena. El cobre ha estado volátil, pero se mantiene sobre los US$ 3 la libra, y la apreciación del peso refleja en parte el interés de los inversionistas.

No obstante, ni expectativas positivas ni un mejor ambiente externo liberan al próximo gobierno de su obligación de crear un ambiente favorable al progreso. De lo contrario, las expectativas se revertirán y sabemos que el entorno externo nunca es suficiente para asegurar mejoras permanentes de bienestar. La Venezuela de Chávez y su bonanza petrolera es una prueba de ello.

El gobierno actual ha hecho muy compleja la tarea de detener la decadencia. Reconoce el magro desempeño de su gestión, pero dice haber creado derechos que aseguran un mejor futuro. Ese lenguaje recuerda a los regímenes comunistas, con constituciones plagadas de derechos, pero donde la dura realidad los enfrentó a un progreso que nunca llegó.

Si la Presidenta Bachelet cumple su curiosa promesa de enviar, en la última semana de su gestión y a un Congreso que también se renueva, una reforma constitucional, veremos si esta semejanza de lenguaje es más profunda que lo que parece.

Las buenas intenciones mal ejecutadas y guiadas por una visión utópica son muy costosas. En su primer gobierno, la Presidenta nos heredó el Transantiago. Solo una economía que tenía aún una importante dosis de vigor pudo soportar sus costos, castigando de paso las posibilidades futuras de bienestar.

Lo que hoy pretende legar es un lastre mucho mayor. No comprender esta realidad o paralizarse ante la demagogia con que se le defiende no es opción, ya que el país sufrirá y el nuevo gobierno pagará un alto costo político.

Los cambios tributarios de esta administración buscaron maximizar los recursos en manos de la burocracia. Más aún, le entregaron a esta facultades desproporcionadas y transformaron a los contribuyentes en enemigos del Estado, a quienes se les acosa en lugar de tratarlos como clientes y actuar en colaboración para el mejor cumplimiento en el pago de sus tributos.

Los datos muestran que a pesar de la extorsión de los contribuyentes, la recaudación obtenida no compensa el menor crecimiento de la economía.

Lo que se requiere es una visión nueva y no solo un cambio menor. El monopolio de opinión de la OCDE, guiado por las necesidades de una Europa desesperada para poder mantener un Estado de Bienestar que la asfixia, no debe ser un guía en estas materias. Un mundo que requiere empresas móviles e innovadoras para avanzar, necesita estados que se financien a través de alternativas compatibles con aquello. El gobierno debe tener el valor de enfrentar a sus ciudadanos directamente para cobrarles impuestos, sin llenar de burocracia a los que producen la riqueza y sin transformarse tampoco en un estado policial, que puede vulnerar los derechos más básicos de las personas en una democracia liberal.

Los profesores requieren sueldos, las aulas exigen inversiones. La educación no es gratis, aunque nos gustaría. La pregunta es quién debe pagar, en mayor o menor proporción, sus costos. Esa es una decisión compleja y lo que deja el gobierno actual es engañoso. No enfrentar la realidad no es una alternativa si se quiere avanzar con justicia.

Pero más grave aún es que, con la utopía de la gratuidad como emblema, se han sentado las bases para estatizar y burocratizar la enseñanza. Es cierto que la educación sienta las bases del progreso. Pero también es cierto que abundan los ejemplos en que grandes esfuerzos financieros terminaron en resultados nulos o negativos. La herencia que hoy se recibe asegura que los esfuerzos futuros no serán fructíferos. Es de esperar que exista el valor para mirar de nuevo todo lo mal actuado en los distintos niveles de enseñanza. En este ámbito, las consecuencias no serán inmediatas, pero la inacción tendrá efecto por generaciones.

Basta mirar al otro lado de la cordillera para tener un ejemplo vívido de que ni los monopolios sindicales ni las legislaciones laborales supuestamente protectoras benefician a los trabajadores. Si ese fuera el caso, el trabajador medio argentino tendría los mejores sueldo y condiciones laborales del planeta. Desgraciadamente no es así.

No es posible avanzar, en un mundo cambiante, si un emprendedor no tiene flexibilidad para acordar formas de trabajo voluntariamente. Tampoco si debe enfrentar permanentemente la amenaza de una extorsión. Un grupo de trabajadores no debieran poder paralizar una empresa, dañar un capital cuantioso y perjudicar a los consumidores si existen muchas formas de continuar produciendo. No es efectivo que los sindicatos mejoran las remuneraciones. Son un buen canal para acordar alternativas de operación o relacionarse en forma amigable. Pero los salarios solo crecen si el país progresa, y no lo hará con legislaciones fundadas en la lógica del enfrentamiento y favoreciendo el monopolio.

Existen muchos otros aspectos que deben abordarse, como mantener un medio ambiente amable al ser humano sin impedir el progreso. Encontrar sin sesgos ideológicos una manera de resolver el complejo problema de la salud, evitando costos crecientes y haciendo responsables a los individuos de las consecuencias de sus decisiones.

Lo que quisiera el gobierno saliente es paralizar la administración que asume dentro de días. Algunos porque equivocadamente creen en su utopía de derechos. Otros porque simplemente saben que, si lo logran, al corto andar verán que su adversario político es derrotado.

El nuevo gobierno no puede abordar toda su inmensa tarea en forma inmediata, pero si quiere mantener viva la esperanza de quienes lo llevaron al poder, debe encontrar la manera de demostrar que tiene la claridad y el valor para empezar.